El país togado
Cuando el minJusticia, Eduardo Montealegre, saltó a los medios de comunicación defendiendo el “decretazo” de Petro, apareció desde el olvido el abogado Mauricio Gaona a defender la Constitución. Colombia, país de pugilismo jurídico.
Se anunció con las letras mayúsculas que se leen en los carteles boxísticos: “el debate del año”, “duelo de titanes”, “el gran debate”. Los aficionados lo siguieron expectantes desde sus computadores o sus teléfonos. Disfrutando las puyas, las lecciones, las citas encumbradas. Se entendía poco pero se celebraba mucho. Luego de los asaltos de oratoria los titulares también fueron pugilísticos: “Paliza al ministro”, “Se sacaron chispas”, “Ministro desenmascarado”. Hablamos del reciente duelo Montealegre Vs Gaona, donde el actual ministro de justicia y el abogado Mauricio Gaona hicieron gala de su erudición y sus principios a propósito de la idea del gobierno de convocar una asamblea constituyente por la original vía de una papeleta electoral.
De repente, una buena parte de la audiencia de redes y medios estaba volcada en un debate constitucional. Colombia había dejado, al menos momentáneamente, su gastado título de país de trivialidades, de sociedad del pan y circo, para convertirse en un auditorio docto: un ágora jurídica, un Live multitudinario transmitido desde “la atenas suramericana”. La política nos había llevado, como tantas veces, hasta los parágrafos, los incisos y la interpretación jurídica. La gresca era la misma, pero tenía el delicioso ingrediente letrado. Porque las pendencias legales son incluso más divertidas que las polémicas políticas, así como los juicios penales son más excitantes que los crímenes.
El combate solo fue un distractor temporal del juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe que se siguió como una carrera de largo aliento durante 67 días de audiencias. En la noche, en las esquinas más inesperadas, era fácil ver discusiones sobre las teorías de la fiscal enfrentadas a las de la defensa de Lombana y Granados. Escuché a grafiteros hablando de la validez material de la prueba y a tenderos indignados por la posibilidad de una prescripción. En el intermedio de la carrera y el combate se oían las pequeñas salpicaduras del fallo de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional y del auto del Consejo de Estado sobre su competencia para examinar la nulidad del “decretazo”. Otros titulares se encargaban del conflicto de competencia entre Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones para investigar al presidente.
Colombia es un reality legal. Aquí hasta la posibilidad de tomar guaro de un color u otro se zanja en los tribunales. Hace poco el Consejo de Estado acabó con las fronteras etílicas de las licoreras departamentales para permitir el libre desarrollo de la beodocidad. En varios corrillos se celebró la liberación del guaro Amarillo muy en boga por estos días. También hemos declarado a los ríos “sujetos de derecho” en medio de la imaginación desbordada de algunos juristas. Sentencias contra la minería ilegal y el “pescao envenenao”.
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El lugar común dice que ese fetichismo legal viene desde la fundación de la República y que el enfrentamiento entre Bolívar y Santander marcó buena parte de nuestra fascinación por los códigos y gacetas. Algo hay de verdad en esa idea fundacional. Una de las pendencias entre el Libertador y El Hombre de las Leyes tuvo que ver con los principios que se debían usar para la instrucción de los estudiantes de derecho. Santander impuso a Jeremy Bentham, filósofo y jurista inglés que acuñó el término “codificar”, buscando que el derecho consuetudinario estuviera escrito de forma clara, defensor, además, de la democracia y cultor de la ley escrita. Santander tomó la decisión de que sus libros fueran los “textos oficiales para los cursos de Principios de la Legislación Universal, Derecho Civil y Derecho Penal”. Bentham era también un anticlerical declarado y un precoz defensor de los derechos de los animales.
El país debatía la bondad de esos mamotretos, los Montealegre y Gaona de la época eran Vicente Azuero, el hombre más cercano a Santander, y el Padre Margallo, un sacerdote combativo y conspirador. Bolívar regresó de sus batallas allende las fronteras, reasumió la presidencia que Santander venía ejerciendo como vice y ordenó proscribir esos libracos en un decreto de marzo de 1828. Vendría entonces la Conspiración Septembrina, donde Bolívar salvó la vida en su única hazaña sin caballo, con un pequeño salto por una ventana del Palacio de San Carlos. Luego del atentado, Bentham fue prohibido definitivamente y el plan de estudios propuesto por Santander fue señalado de instigador. El vicepresidente fue acusado del complot y purgó cerca de un año de prisión en las bóvedas de Bocachica, en Cartagena.
Algunos historiadores han llamado “la batalla de Bentham” al pequeño impasse. Santander se salvó de ser fusilado por la intervención de damas y caballeros de la sociedad capitalina que apreciaban su inteligencia, su porte y su gracia con la guitarra. Al parecer Santander no era tan seco y aburrido como lo ha graduado la historia, son solo prejuicios contra los jurisconsultos. Vale recordar que el Hombre de las Leyes fue juzgado sin la posibilidad de tener un defensor.
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El presidente Petro estudió economía pero su universidad lo convirtió en medio abogado: “No soy abogado, estudié en El Externado, que es una forma de estudiar derecho”, dijo hace poco en uno de sus discursos. En Colombia hay 410.000 abogados activos según las cuentas de la Corporación Excelencia a la Justicia, eso son 779 abogados por 100.000 habitantes, solo Costa Rica nos supera en América Latina y estamos en el top cinco mundial en la tasa licenciados / habitantes. Durante la Nueva Granada los funcionarios españoles ya hablaban de una “saturación” de letrados en leyes. La firma del jurista era la más apreciada. Los abogados tenían una especie de honor superior, encarnaban la majestad de la justicia y ejercían un reputado de sacerdocio burocrático. Además de la fértil cosecha de doctores están los teguas, abogados de oídas, aquí en cada discusión hay un titulado y tres autodenominados. Rábulas, tinterillos, escribanos se han llamado a esos licenciados informales como Gustavo Petro. También Álvaro Uribe fue un tinterillo de fonda y perrero. Más intérprete de sus ambiciones que de la Constitución. Y no se olvidan sus micrófonos en las salas plenas, plantados por las señoras de los tintos. Es de imaginar el placer obsceno de Uribe oyendo a los togados.
Pero algo debe tener esa maña legalista, no solo puede dejar sellos y manías. Al posesionarse como vicepresidente Santander dijo una de sus frases célebres: “Si en la Constitución está el mal, hay que cumplir la constitución”. Una sentencia que se debería publicar hoy luego de cada alocución presidencial. Para muchos gobernantes, incluido Bolívar y sus súbditos de hoy, la ley no era más que un pretexto, una imposibilidad contra la voluntad del supremo, contra los ideales que van más allá de lo escrito. Son ese palacio anquilosado y frío que aterra al presidente de hoy. Petro ha dicho que los “deseos de cambio del pueblo no son seguidos por las doctrinas jurídicas”, le estorba esa camisa de fuerza. Tal vez, solo tal vez, nuestra herencia Santanderista- Bolívar no dejo hijos y Santander dejó tres legítimos-legales y uno natural-ilícito- nos haya salvado de muchas aventuras autoritarias. Malogró buena parte de nuestra poesía del siglo XIX, cometida por abogados, pero dejó un antídoto contra los lances dictatoriales. Aquí hasta los guerrilleros han resultado leguleyos. El acuerdo de paz con las Farc es una maraña legal para cubrir un conflicto de cinco décadas. Por algo Álvaro Leyva era el asesor legal de Iván Márquez. Al final, cuando ya ni se entendía todo ese entramado, decidieron firmar pronto, por el camino del Fast track.
Algo simbólico tiene que haber en esa imagen del Palacio de Justicia ardiendo como un caldero. Con ese boquete abierto por el disparo de un tanque oficial y las llamas entre su fachada de columnas estrechas. Los edificios de los otros poderes públicos mirando ese llamado “Holocausto” en medio de la noche, esa hoguera de papeles sellados y sacrificios. Una purga siniestra a ese poder tantas veces vilipendiado y al mismo tiempo una dolorosa renovación de su majestad por la vía del fuego.