Los afectados por la obra del edificio Altos del Lago, en Rionegro, la cual fue demolida el 4 de mayo de 2019, recibirán una indemnización de más de 29.000 millones de pesos. Todo tras de un fallo en segunda instancia por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia contra la Alcaldía de Rionegro, en el que se ordena no solo pagar los 7.299 millones de pesos que se les ordenó en agosto del año pasado, sino entregar otros 21.897 millones de pesos más en los últimos días.
Esta decisión judicial no fue tomada con agrado por parte de la Alcaldía de Rionegro, quienes aseguraron que estos recursos afectarán notoriamente el presupuesto de esta administración municipal, aunque cumplirán conforme a la ley con lo ordenado por este tribunal. “El municipio ha sido notificado de la demanda ejecutiva presentada para exigir el pago del 75% restante, que asciende a la suma de $21.897 millones de pesos, lo que representa una carga financiera considerable para el presupuesto municipal”, informó el alcalde Jorge Rivas en un comunicado.
El proceso contra esta alcaldía se remonta al 2019, cuando los afectados interpusieron las acciones correspondientes y en primera instancia se les había ordenado pagar tanto a la Alcaldía de Rionegro por autorizar la construcción de este edificio sin las medidas de seguridad pertinentes como a la constructora Sincc por todas las anomalías presentadas en este proyecto, el cual debió ser demolido porque su estructura, en el proceso de asentamiento, se comenzó a inclinar.
El fallo de primera instancia, emitido el 21 de noviembre de 2023 por el Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Medellín, Rionegro apeló, pero el 20 de mayo de 2020 se ratificó la sanción en segunda instancia y como esta administración municipal fue responsabilizada solidariamente, debió pagar, inicialmente el 25% de la sanción, equivalente a 7.299 millones de pesos, recursos que según el alcalde Rivas, fueron consignados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo.
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“Pese a que el fallo no fue favorable a los intereses del municipio, reiteramos que se adelantaron todas las acciones jurídicas pertinentes dentro del marco legal establecido en defensa del patrimonio público”, señaló el mandatario, agregando que ya se encuentran en todos los trámites y en la elaboración del acto administrativo para consignar el monto restante.
En su momento, el abogado representante de las víctimas, Nicanor Marín Bedoya, manifestó que en este proceso las víctimas podrían cobrarle el dinero a cualquiera de las partes involucradas, como ocurrió en este caso con la Alcaldía de Rionegro, y que posteriormente esta administración proceda a arreglar con la constructura que se encargó de la cimentación de este edificio, que tenía problemas estructurales de todo tipo, por lo cual sus residentes debieron evacuarlo en el 2017.
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“Si bien la condena está para las partes, es decir, para el municipio de Rionegro y para la constructora —para el primero el 25 % y para la constructora del 75 %—, pero eso es lo que llama responsabilidad administrativa conjunta. ¿Qué quiere decir eso?, que entre ellos dos se tienen que distribuir esa carga. Ahora bien, ellos dos frente a las víctimas son responsables de manera solidaria, por lo cual las víctimas hoy recibimos una muy buena noticia y es que estos le pueden cobrar todo al municipio o bien todo a la constructora, y cada uno tendría que pagarle el ciento por ciento. Las víctimas lo están viendo hoy materializado, más cerca y más real de ser reparadas de una forma material”, expresó Marín Bedoya.
Cabe recordar que Altos del Lago es uno de los casos más infames de las irregularidades en las obras de construcción en el tiempo reciente, teniendo en cuenta que las autoridades hicieron múltiples hallazgos que dejaron en evidencia la gran cadena de omisiones que pusieran en riesgo la vida de 116 personas, pese a que esta obra era inviable.
Un informe de la Universidad Eafit, la Universidad Nacional y la Alcaldía de Rionegro concluyó en 2019 que esta edificación fisuras, grietas, irregularidades, discontinuidades, espesores y anchos, variables no solo en los elementos principales como columnas y vigas, sino en los elementos secundarios estructurales y no estructurales que evidencian una posibilidad no predecible de un proceso de colapso progresivo y que no garantiza la integridad estructural, debido a que la estructura podría colapsar por cualquiera de dichos elementos, que incluso no tendrían la posibilidad de transmitir las cargas a los elementos principales”
Para colmo, el estudio encontró, además, que el piso no era plano y que algunas vigas no eran uniformes y otras estaban interrumpidas porque se usaron para el paso de cableado eléctrico. Adicionalmente, la edificación tenía 15 pilares cuando necesitaba 30 para sostener su propio peso, lo que fue calificado como una aberración en la construcción, incluso por encima de otros proyectos fallidos.
“Algunas de ellas se estrangulaban tanto que no tenían nada de concreto, y algunos de los cementos tenían incluso tapas y colillas de cigarrillo”, explicó en su momento Josef Farbiarz, director del Centro de Investigaciones Sísmicas de la Universidad Nacional.
