Un nuevo hecho de sangre sacude al departamento de Antioquia. Esta vez, la víctima fue José Francisco Romero Zamudio, firmante del Acuerdo de Paz, líder comunal e integrante del comité ganadero de la finca La Cristalina, quien fue asesinado a tiros en la tarde del sábado 19 de abril.
Romero se desplazaba en motocicleta por la vía a Caño Negro, kilómetro 5, en jurisdicción del municipio de Yondó, subregión del Magdalena Medio antioqueño.
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Romero se dirigía hacia el casco urbano de Yondó con la intención de retirar su renta básica, parte del proceso de reincorporación que venía adelantando tras dejar las armas. Fue en ese trayecto cuando hombres armados lo interceptaron y le dispararon sin mediar palabra.
Líder social, excombatiente y firmante del Acuerdo de Paz
José Francisco Romero no solo fue guerrillero en el pasado. En su vida civil, tras la firma del Acuerdo en 2016, se convirtió en líder social de su comunidad.
Era miembro activo de la Junta de Acción Comunal de la vereda Dosquebradas, en el municipio de Remedios, y hacía parte del comité ganadero de La Cristalina, iniciativas desde donde impulsaba proyectos productivos y de integración en el Nordeste antioqueño.
Su proceso de reincorporación lo llevaba a cabo en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Remedios, donde también convivía con otros excombatientes comprometidos con la construcción de paz.
Ya son 462 firmantes de paz asesinados en Colombia
El crimen de Romero se suma a una preocupante lista. Según el componente Comunes del Consejo Nacional de Reincorporación, con este asesinato ya son 462 firmantes del Acuerdo de Paz que han sido ultimados desde 2016.
Solo en la última semana, Antioquia ha registrado tres homicidios de este tipo: además de Romero, fueron asesinados William Viloria en Chigorodó y Robinson Gómez en Valdivia.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, como Corpades, condenaron el asesinato de Romero y alertaron sobre el peligro constante que enfrentan los excombatientes en zonas donde aún persisten grupos armados y economías ilegales.
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Luis Eduardo Martínez Guzmán, secretario de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia, confirmó el asesinato y aseguró que ya se están adelantando las investigaciones. “Los hechos son confusos, pero las autoridades adelantan las pesquisas necesarias para esclarecer lo que sucedió”, dijo el alto funcionario.
