“Por cuenta de la Paz Total las disidencias de las Farc crecieron un 70% y el Clan del Golfo un 60%. Toda esa sombrilla de impunidad que implicó la Paz Total durante los últimos 3 años, no solamente arrojó ese crecimiento de esos grupos delincuenciales, sino que incidió en los homicidios que se han registrado en Antioquia, que este año el 70% son por cuenta de esos grupos armados organizados: Clan del Golfo, disidencias Farc y ELN”, señaló Rendón.
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“Contrario a lo que acontecía en otras épocas, en las que buena parte de las muertes violentas se daban en los conglomerados urbanos, hoy se dan en la ruralidad y por actores que pretenden ser desestabilizadores del orden público y en efecto en algunas ocasiones lo logran. Se disfrazan de rebeldes o de contrainsurgentes, pero que solo tienen un propósito criminal y es el de capturar una renta o cuidar una renta ilícita que ya tienen apropiada, unas veces de la minería ilegal, otras veces del narcotráfico”, añadió el gobernador.
En medio de este contexto, fue que precisamente la Gobernación de Antioquia ya había invocado a través de un decreto emitido el pasado 5 de mayo la figura de la asistencia militar, con la que se buscaba que el Gobierno Nacional tomara medidas de urgencia en varias zonas críticas en materia de seguridad.
En dicho acto administrativo, el Departamento expresó su especial preocupación por la situación de orden público en subregiones como el Bajo Cauca, el Nordeste, Urabá, Suroeste y Occidente.
A finales de mayo pasado, la Presidencia de la República envió un oficio a la Gobernación señalando estar evaluando la situación, antes de comprometerse a tomar alguna medida.
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“Se están evaluando continuamente los escenarios tácticos y estratégicos, con el fin de adoptar las medidas que mejor contribuyan a la restauración del orden y la convivencia ciudadana. Agradecemos su comunicación y reiteramos nuestro compromiso con el trabajo conjunto y coordinado entre el nivel nacional y territorial, para hacer frente a los desafíos en materia de seguridad”, quedó plasmado en el oficio, entonces firmado por un asesor presidencial.
A pesar de que en dicha comunicación desde la Presidencia se señaló que se había “tomado debida nota” de la “solicitud y los argumentos allí expuestos”, transcurridos más de tres meses el pedido se quedó en el limbo.
“Nunca respondieron de fondo. Nosotros estamos pensando en hacer uso de los instrumentos de los que nos habilita la justicia para obligar una respuesta de fondo del Gobierno Nacional, porque necesitamos que nuestras Fuerzas Militares apoyen a la Policía Nacional no solo con sus capacidades operativas, sino también de inteligencia, para poder arrinconar el crimen y el delito”, agregó el gobernador Rendón.
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