El tráfico de madera ilegal en el Valle de Aburrá sigue arrojando cifras preocupantes. Según el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en 2024 incautaron 731 metros cúbicos de madera en operativos entre autoridades ambientales y policía, con el fin de proteger sobre todo las especies nativas de la región.
Según señaló el Amva, una de las especies más traficadas fue el Sapán, una especie de madera dura y pesada, que posee gran resistencia al doblamiento y se utiliza principalmente para pisos, postes y durmientes. Su madera dura y pesada, tiene gran resistencia al doblamiento. Se utiliza para pisos, postes y durmientes. Pero el Sapán también es fundamental para los ecosistemas de varias regiones, por ejemplo, del Magdalena Medio. Es una especie que puede crecer a una altura entre los 100 y 750 metros sobre el nivel del mar. Su tasa de crecimiento es lentísima, pero puede llegar hasta los 35 metros cumpliendo servicios ecosistémicos como la sombra a diferentes especies (incluyendo ganado), además de adaptarse a espacios públicos como elemento natural benéfico para la salud ambiental. La especie se encuentra en peligro, según el Libro Rojo de plantas de Colombia, por lo que es indispensable que su aprovechamiento y comercialización cuente con todos los requisitos de autoridades ambientales, incluyendo el ICA. El cedro, el roble y el abarco son otras especies gravemente afectadas por la comercialización ilegal de madera.
Justamente buscando incentivos para fortalecer la legalidad en el sector, el Área Metropolitana entregó el reconocimiento a once empresas forestales de la región por su compromiso con legalidad y la sostenibilidad. El subdirector Ambiental del Amva, Alejandro Vásquez, señaló que a pesar de que las incautaciones siguen siendo altas, el sector es cada vez más formalizado, lo que debería impulsar a unas mejores prácticas generalizadas y un cumplimiento a cabalidad de la normativa para la comercialización de madera de procedencia legal.
Por ejemplo, una de las prácticas más generalizadas es la de transportar madera mezclada, es decir, legal e ilegal en el mismo camión, lo que puede confundir a las autoridades al momento de inspecciones. También sigue siendo usual mover un volumen diferente al autorizado; o tener salvoconductos adulterados o vencidos.
Por ejemplo, en Urabá y Bajo Cauca sigue siendo una práctica muy utilizada usar permisos del ICA para plantaciones comerciales, que no requieren verificación in situ, para sacar madera no permitida. El 40% de la madera comercializada en Colombia es de origen ilícito.
¿Qué se necesita para comercializar madera legal en Colombia?
En todo el territorio nacional, cualquier organismo de la diversidad biológica vivo o muerto o cualquiera de sus partes o derivados identificables necesita contar con un permiso para su movilización, comercialización y aprovechamiento.
En el caso de la madera, por ejemplo, se requieren permisos para todos los procesos que la involucran. Es decir, los obtenidos mediante diferentes procesos industriales con mayor valor agregado: parquet, molduras, listón, machiembrado, fabricación de puertas, muebles, contrachapados y otros productos terminados afines.
Y también los de transformación primaria, es decir, los que son obtenidos directamente a partir de las trozas como bloques, bancos, tablones, tablas y además chapas y astillas, entre otros.
El salvoconducto de movilización, el cual lo expide la autoridad ambiental con jurisdicción en la zona de extracción de la madera, garantiza el control del aprovechamiento recurso fauna y flora, su transporte y comercialización, es el aval de que el abastecimiento de materia prima, en este caso la madera, no está agotando la disponibilidad de ese recurso y sus consecuentes impactos para la fauna y la flora.
La comercialización ilegal fomenta la deforestación
Según el Observatorio de Bosques de Antioquia, en los últimos 25 años el departamento perdió 1.118.000 hectáreas de bosque, más de cuatro veces el área del Valle de Aburrá. Según el OBA, la deforestación en el Valle del Aburrá está dinamizada principalmente por la extracción forestal y la infraestructura, que han cobrado en este cuarto de siglo el 36% y el 10% del área boscosa, respectivamente.
De acuerdo con los datos de Global Forest Watch, en 2020, Antioquia tenía 4.29 millones de hectáreas de bosque natural, lo que representaba el 68% del total de su superficie terrestre. Pero entre 2021 y 2024, el departamento perdió 618,000 hectáreas de cobertura vegetal.
Solo por comercio ilegal, en el Valle de Aburrá se incautaron 1.500 metros cúbicos de madera entre 2023 y 2024, una extracción y comercialización de madera de los bosques naturales de manera descontrolada, sin los permisos de aprovechamiento forestal, que genera graves impactos a los ecosistema, como el desplazamiento de la fauna silvestre, la degradación de suelos, incremento de la erosión de suelos y extinción de especies. El tráfico de madera es implacable precisamente porque arrasa con los ejemplares arbóreos con las mejores características, dejando a los bosques huérfanos de esas características. En consecuencia, los que quedan en los bosques son los arboles con menos cualidades; los más curvados, excesivamente ramificados, en fin, causando que se pierdan características genéticas fundamentales para la existencia de dicha especie, así como la renovación de los bosques.
Pero, además de árboles, el Amva ha señalado que el bejuco, el musgo, la tierra de capote y otros productos que provienen del bosque natural vetados, no tienen autorización para comercialización pues estos cumplen servicios ecosistémicos insustituibles como la retención del agua en tiempos de sequías, la regulación química de los suelos y el soporte de otras especies de plantas.
Quienes sean hallados con este tipo de productos sin licencia ni salvoconductos, pueden enfrentar sanciones que van hasta el decomiso definitivo, la suspensión de la actividad-licencia o permiso, el cierre del establecimiento y multas hasta por 5.000 salarios mínimos mensuales vigente. Incluso se enfrentan a procesos penales que pueden derivar en penas de 60 a 135 meses de cárcel.
