Las principales morosas del querido hospital envigadeño son EPS intervenidas por el gobierno Petro. A raíz de la falta de recursos, 55 empleados quedaron sin renovación de contrato y 34 camas fueron cerradas en 2025. Gerencia niega que se haya desmejorado calidad de la atención de los pacientes.
Cada semana Martha Vélez Arango, gerente del hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado –más conocido como MUA–, ingresa a la página de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud Adres y cruza los dedos para saber cuánta plata le van a pagar las EPS por los servicios prestados a sus afiliados en dicho hospital.
“Usted se mete y ahí aparece que por Savia Salud va a llegar tanta plata, por Nueva EPS tanta plata. Por tal otra, tanto. La cuestión es que no sabemos cuanto nos van a pagar, puede ser la mitad de lo que facturamos o como pasó con Nueva EPS, el pasado noviembre, que pese a que teníamos una factura de $5.000 millones, apareció que nos iban a girar cero pesos”, detalló.
Este ejemplo ilustra la profunda crisis financiera que atraviesa el MUA, derivada principalmente de la falta de pagos oportunos y completos por parte de las EPS, un problema estructural que afecta a la red hospitalaria pública del país y de la ciudad. En el caso de este hospital, la deuda acumulada alcanza los $141.000 millones, una cifra que explica la gravedad del panorama.
Ante el creciente malestar ciudadano por denuncias en redes sociales sobre demoras en la atención, escasez de insumos y una supuesta “masacre laboral”, la gerente Marta Vélez y el alcalde de Envigado, Raúl Cardona, convocaron una rueda de prensa para exponer con cifras la situación real del hospital.
Allí se insistió en que la crisis no es aislada y se da justo por las altas deudas que tienen con el hospital, la mayoría de EPS con la que tiene servicios y que casualmente se encuentran intervenidas por el Gobierno nacional.
La lista de morosos la componen 24 EPS y otras entidades como EPM, varias aseguradoras de SOAT, algunas EPS liquidadas y hasta el municipio de Envigado. Sin embargo, las más colgadas son la Nueva EPS, que debe $51.424 millones, de los cuales $42.645 millones son de cartera vencida de meses y años anteriores. Le sigue Savia Salud con $39.536 millones adeudados, de los cuales $28.952 son de cartera vencida. Aparece también Coosalud, que debe $8.559 millones, de los cuales $7.459 son de cartera vencida. El Adres también debe $4.792 millones, de los cuales $4.540 millones son de cuentas vencidas, incluso por más de tres años. Cierran la lista Coomeva que debe $3.280 millones y Sura con $2.756 millones.
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A esto hay que sumar que, a su vez, el MUA tiene deudas con proveedores por $75.600 millones, pagos pendientes de diciembre de 2025 por $3.800 millones y una necesidad cercana a los $16.000 millones para cubrir las obligaciones de enero. En síntesis, le sale la canción de Silvestre Dangond de “La cadena de la deuda”.
Pese a ello, el personal médico y asistencial continúa atendiendo a los pacientes y dando la cara ante la inconformidad de los usuarios.
La gerente explicó que hasta la pandemia el flujo de caja era relativamente estable, pero que desde 2023 la situación se deterioró drásticamente. El aumento de pacientes ha sido constante, mientras los recursos girados por las EPS disminuyen cada vez más. Hoy, muchas entidades pagan solo entre el 40% y el 60% de lo facturado, y en algunos casos dejan de reconocer hasta el 70% de las cuentas mensuales, sin abonar tampoco a la deuda antigua.
“Hay un gran aumento de pacientes consultándonos en urgencias. Sin embargo, las EPS nos giran menos recursos. Esto lastima el flujo de caja del hospital”, afirmó Vélez, al explicar que muchos pacientes llegan en estados más críticos tras no recibir atención oportuna en otros centros, lo que aumenta más la brecha.
Como radiografía de la crisis, Vélez señaló que en 2024 una EPS podía facturar alrededor de $3.000 millones mensuales y pagar el 70% de ese valor, mientras que en 2025, pese a que la facturación subió a $4.800 millones, por el incremento de pacientes, el pago apenas alcanzó el 50%. Ese faltante mensual se fue acumulando como una bola de nieve.
Sobre el caso de Nueva EPS, la mayor deudora, fue enfática: “Lo que nos ha pagado Nueva EPS en el 2025 es como apenas el 54% de todas las atenciones ya facturadas. El faltante se suma a la deuda anterior”.
Frente a las críticas por permitir que la deuda creciera, la gerente aseguró que el hospital ha hecho gestiones constantes, pero que hoy las EPS ya no responden a los mecanismos tradicionales de cobro.
“Las estrategias que aplicábamos para lograr los pagos, hoy ya resultan inútiles. ¿Qué están haciendo las EPS? Ignoro cuantos recursos tengan y que pase con ellos”, dijo.
La directiva explicó que el actual sistema de giros permite que las EPS postulen ante la Adres el monto que van a pagar, el cual muchas veces no llega a ser ni la mitad de lo facturado por el MUA. Esto genera una distribución de recursos que no guarda relación con los servicios efectivamente prestados.
El MUA atiende cerca de 100.000 pacientes al año, de los cuales alrededor del 60% provienen de otros municipios del Aburrá e incluso del Suroeste antioqueño. Algunos –desesperados e inconscientes– han llegado a maltratar de vez en cuando al personal médico, otra víctima de esta crisis.
Ante la situación económica, la gerente admitió que se han tenido que clausurar algunas camas –ojo, no servicios completos como han rumorado algunos–. Según explicó, a finales de 2025 se cerraron 25 camas de hospitalización y 10 de UCI, lo que dejó al hospital con 282 camas del primer servicio y 24 del segundo.
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Frente al tema del personal, Vélez también admitió que no se renovó el contrato de 55 empleados del hospital, es decir, cerca del 5% de la planta, que hasta el año pasado era de 1.102 colaboradores entre empleados y médicos especialistas. Por ello, descalificó la acusación de que en el MUA se cometió una “masacre laboral”.
Eso sí, hay que tener en cuenta que en 2024 se cerraron otras 19 camas de hospitalización del MUA y otros 90 empleados no recibieron renovación de su contrato.
Aun así, la gerente detalló que a su juicio esto no es una merma grave de personal, toda vez que a lo largo del año, en caso de darse la reapertura de otros servicios, se puede recontratar a este personal dada que su experiencia y conocimiento del hospital los convierte en la primera opción.
Además, Vélez relacionó la salida del personal con el cierre de las camas, aduciendo que de no llegar a esa medida el personal que quedase estaría sobre esforzado.
“Si yo no cierro camas pero sí disminuyo el personal, entonces los que quedan estarían sobrecargados. Hay que armonizar el cierre con la salida de los colaboradores porque no puedo dejar menos personal para cubrir la misma cantidad de pacientes”, añadió.
Y frente al tema de las denuncias de falta de insumos, añadió que el MUA hace lo posible por surtir de manera oportuna dichos elementos a sus pacientes. Sin embargo, en algunos casos, muchos familiares de pacientes prefieren hacerlo por su cuenta para agilizar el tiempo de atención de los enfermos. Por ello, Vélez desmintió que sea un asunto generalizado.
Ante la gravedad del escenario, la Alcaldía y el Concejo de Envigado han brindado apoyo, pese a que un hospital de tercer nivel no es competencia directa del municipio. En dos años se han aportado $17.000 millones, a los que se agregan $5.000 millones otorgados recientemente para el pago de la prima de Navidad. A esto se suma un crédito del IDEA por $20.000 millones y $5.000 millones que el Departamento le giró al MUA.
El alcalde Raúl Cardona le comentó a este diario que tanto su despacho como el Concejo están pendientes de lo que pueda pasar a futuro para buscar la mejor manera de salvar al MUA y que no se descarta que a futuro se presente un proyecto de acuerdo para tal fin.
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“Infortunadamente no tengo una chequera para los gastos del hospital. Pero creo que la estrategia de reducción de costos de operación, puede funcionar. Aun así desde la junta directiva del MUA, que presido, estaremos pendientes para ayudar”, añadió.
Sobre las acciones, el alcalde comentó que ya se han entablado diálogos con el gobernador Andrés Rendón y que se han enviado emisarios a Bogotá para tratar de destrabar los pagos.
“Ya la doctora Martha ha hablado con asesores del Minsalud. Y hay persona que nos han estado apoyando en Bogotá para que haya más flujo de caja hacia el MUA. Pero eso ya no depende de nosotros, depende de las EPS y sus transferencias”, dijo el alcalde.
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