El próximo martes 24 de junio tendrá lugar en Caicedo un momento fundamental en el largo proceso de búsqueda de justicia, verdad, reparación y no repetición que buscan las víctimas del conflicto armado en Antioquia, Córdoba, Caldas, Risaralda y Chocó.
En el municipio del Occidente antioqueño, siete exmandos del Bloque Norrocidental de las extintas Farc reconocerán en audiencia pública su responsabilidad en los atroces secuestros, toma de rehenes y privaciones de la libertad que cometieron en el conflicto armado, y que dejaron casos que minaron el alma del país, como la masacre contra el gobernador Guillermo Gaviria, su asesor Gilberto Echeverri y seis uniformados. Pero que también causaron dolores silenciosos en cientos de familias cuyas historias apenas ahora serán conocidas y reconocidas.
Luis Carlos Úsuga, Jesús Mario Arenas, Rodolfo Ruiz, Martín Cruz, Ovidio Mesa, Pedro Batacutao y Jhoverman Sánchez son los imputados comparecientes que tienen una cita con la verdad y las víctimas. El Bloque Norroccidental es responsable del 25% de los secuestros que cometió las Farc en toda su historia. Existen 314 hechos documentados y los siete están llamados a responder por crímenes de guerra y de lesa humanidad de toma de rehenes, asesinato, violencia sexual, tortura, desaparición forzada, atentados a la dignidad personal y tratos crueles e inhumanos.
La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, quien lidera esta investigación, habló con EL COLOMBIANO sobre la importancia y avances del mismo.
¿Por qué es importante el llamado a siete exjefes del Bloque Noroccidental para reconocer los crímenes cometidos en Antioquia y otras regiones?
“El Secretariado de las Farc reconoció en 2022 ser los máximos responsables de la política de secuestros en el país. Pero teníamos luego que ponerle el foco en las regiones porque algo que aprendimos es que con excepción quizás de las víctimas que tenían trascendencia nacional, como secuestrados políticos que sabían su victimario era el Secretariado, en las regiones las personas reconocían a uno o dos comandantes locales como responsables. Cuando analizamos las cadenas de mando entendimos que estos comandantes regionales convertían los planes que recibían del Secretariado en unas órdenes concretas. En el caso de Antioquia, por ejemplo, recibían planes financieros de recoger dos millones de dólares cada dos años. Entonces los comandantes regionales concretaban esas instrucciones, por ejemplo, planeando conseguir un millón de dólares con secuestros. Esos planes también se concretaron en asesinatos a alcaldes, secuestros masivos y posteriores asesinatos, secuestros por canje, o secuestros para ejercer control del territorio. Los comandantes fueron los responsables de los abusos que cometieron sus subalternos, por ejemplo, la guardia que le dio maltrato a personas secuestradas, que cometió violencia sexual, torturas, que mataron secuestrados porque los mandos no cumplieron con la supervisión”.
Lea también: “No eran guerrilleros ni delincuentes”: Estado colombiano pidió perdón por 35 víctimas de falsos positivos en Antioquia
¿Este proceso arrojó elementos nuevos sobre los crímenes del gobernador Gaviria, el doctor Echeverri y los militares asesinados en cautiverio?
“Más que elementos nuevos el proceso sirvió para despejar la verdad de los hechos de las mentiras que se han dicho. Ya sabemos exactamente que Iván Márquez dio la orden de asesinarlos, que “El paisa” a su vez reprodujo la orden en terreno y que no murieron en fuego cruzado durante el operativo de rescate. En el proceso ha habido un reconocimiento sobre el trato recibido durante cautiverio, que son hechos no conocidos. Ahora, la audiencia que será celebrada el martes 24 de junio es donde los comparecientes deben hacer un reconocimiento de manera pública, creo que va a ser un encuentro interesante entre víctimas y victimarios. Va a participar uno de los militares, testigo de lo que sucedió. En estos encuentros siempre hay muchas emociones y en realidad no es algo que la judicatura controle, no existe un guión, pero la expectativa es que haya un pleno reconocimiento”.
La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll lidera las investigaciones del Caso 01. FOTO: CORTESÍA
En el Auto de este caso que integra el caso 01 de la JEP también se hizo mención a la toma al municipio de Jardín (diciembre de 2001), un hecho doblemente victimizante por el olvido y lo poco conocido que ha sido, ¿en qué se avanzó sobre este caso puntual?
“Fuimos a investigar y encontramos que fue un hecho más allá de la privación de la libertad. A través de la participación de las víctimas y del reconocimiento (de los comparecientes) sobre cuál fue la instrucción, por qué se tomaron el pueblo, cuál era la orden que tenían comenzamos a entender la complejidad de esa toma que ha sido muy poco conocida. Estamos documentando más a profundidad en el Caso 10 (Crímenes No Amnistiables). Inicialmente lo que teníamos al principio era un caso de privación de libertad, pero luego entendimos que esa privación de la libertad fue en el marco de una gran acción militar de la Farc, como parte de la violencia de toda una región que padeció mucho. Precisamente la próxima semana la relatora del Caso 10 en esa parte del país irá a hablar con las víctimas, a contarles cómo estamos avanzando en la documentación de las tomas en Antioquia y en la región del Bloque Noroccidental. Justamente a Caicedo vamos a ir por la importancia que en este tema. Allá secuestraron al gobernador y al doctor Gilberto que buscaban una manera de rescatar a Caicedo del bloqueo al que los tenía sometidos la guerrilla. Vamos a hacer la audiencia allá, en un pueblo que está dedicado a la No Violencia, que hace una marcha todos los años para conmemorar la marcha frustrada del gobernador. Vamos a hacer la audiencia junto a la magistrada Marcela Hidalgo, y la idea es crear unos puentes entre lo que hemos documentado y nos falta por documentar específicamente sobre los daños causados en las distintas tomas en Antioquia”.
Según lo que han expresado las víctimas en el proceso, ¿de qué forma piden ser reparadas?
“Hasta que los comparecientes no reconozcan a satisfacción, no hablamos de medidas de reparación. Depende de la audiencia, porque aunque hayan mostrado voluntad de hacerlo, puede que llegue el día y cambien de opinión al ver la cámara y la gente al frente. En el proceso, las víctimas han sido muy generosas y han dado la oportunidad a los responsables de poner la cara. Y cuando eso sucede, también se generan unas acciones reparadoras, por ejemplo un perdón a satisfacción a veces tiene un efecto curativo por el poder de entender cosas que antes no se entendían (...) El proceso ante la JEP no es una reparación en la que el daño material vaya a ser reparado ni que haya una reparación individual, sino que corresponde a un aporte al proceso de construcción de paz y un cambio que incluye la transformación del discurso de la violencia. Un ejemplo de esto fue cuando recibimos los informes del secuestro y asesinato del gobernador Guillermo, el doctor Echeverri y los oficiales y suboficiales, la señora Yolanda Pinto, viuda del gobernador, nos pidió que como reparación los comparecientes tomaran unos cursos de No Violencia y se convirtiera en replicadores de este principio que es tan poderoso”.
¿Los comparecientes han entregado información para encontrar cuerpos de secuestrados asesinados?
“Al menos 25 personas han venido a la JEP y nos pidieron que hiciéramos preguntas a los comparecientes que ayudaran a identificar el paradero del cuerpo o saber qué pasó con la persona. Nosotros hemos hecho todas las preguntas y hemos colocado también la información a disposición no solo de las víctimas, sino también a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que tienen la capacidad para adelantar esa labor. Nosotros no tenemos capacidad a ese nivel, sobre todo, considerando que en el caso de las personas que fueron secuestradas, asesinadas y desaparecidas, a diferencia de lo que sucede en otros casos, generalmente las arrojaban a un río o abrían fosas a mitad de la selva, que podía ser un campamento o una trocha. Considerando lo que es la naturaleza en Antioquia, el norte de Chocó y el sur de Córdoba, es un gran desafío para la búsqueda. Entonces, parte de la participación que se puede tener es en el relato de cómo fue la muerte y las indicaciones que sean útiles para la Unidad de Búsqueda”.
