El Partido Centro Democrático rechazó las interceptaciones telefónicas de las que viene siendo objeto el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
A través de un comunicado, esa colectividad calificó dichas escuchas como un intento para “amordazar” a la oposición y como una persecución.
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“El Centro Democrático rechaza con firmeza la persecución emprendida por el Estado contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y contra congresistas de nuestra colectividad”, expresó ese partido, señalando que dicha medida demostraría que las instituciones estarían “siendo utilizadas como herramientas de intimidación contra la oposición”.
De igual forma, la colectividad expresó su consternación por la manera en la que se han llevado las indagaciones preliminares que adelanta la Fiscalía contra el mandatario seccional, calificando como preocupante que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, se haya referido a él como “imputado” sin serlo y que su nombre aparezca rotulado como “condenado” en documentos judiciales sin tampoco serlo.
Tal como lo reveló este jueves EL COLOMBIANO, las escuchas telefónicas emprendidas por la Fiscalía contra el gobernador de Antioquia salieron a flote el pasado 23 de julio, fecha en la que el ente acusador pidió pista ante el Tribunal Superior de Bogotá para legalizar tres órdenes de interceptación, dos emitidas el 14 de mayo y una tercera el 27 de mayo.
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Además de Rendón, la Fiscalía también monitoreó a la secretaria General de la Gobernación, Martha Patricia Correa, cinco exfuncionarios de la Alcaldía de Rionegro y tres particulares.
En dichas órdenes, el ente señaló necesitar acceder a las conversaciones privadas del gobernador y esas otras nueve personas en medio de sus indagaciones por el caso de la construcción de dos CAI en Rionegro, en los que se investiga un presunto detrimento patrimonial.
Este caso es el mismo que revivió en plena época electoral en 2023, tiempo en el que Rendón se defendió argumentando no encontrar asidero en los señalamientos, dado que los CAI se habían terminado a tiempo, fueron recibidos a satisfacción por la Policía y hoy se encuentran funcionando.
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De igual forma, el caso ha causado extrañeza dado que Rendón fue vinculado al mismo por ser alcalde de Rionegro en el momento de los hechos, pese a ni siquiera haber firmado los contratos.
Cabe recordar que dichas escuchas fueron desestimadas en una primera instancia por la magistrada Marcela Márquez Rodríguez, quien las consideró desproporcionadas para la naturaleza de los hechos investigados.
“No está debidamente justificada y soportada esa razón por la que, luego de varios años, desde la presunta comisión de las conductas punibles, no era viable que las conversaciones monitoreadas registren algún tipo de hallazgo relevante sobre el trámite contractual objeto de indagación”, consideró la togada el 24 de julio.
Esta primera decisión fue impugnada por la Fiscalía y en segunda instancia fue revisada por una sala de decisión integrada por los magistrados Yaneth Liliana Martínez, Alexandra Ossa Sánchez y Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, este último quien se declaró impedido por ser amigo cercano de la fiscal que ordenó las interceptaciones.
En esta segunda instancia, las magistradas le dieron la razón a la Fiscalía y avalaron las interceptaciones, que llevan por lo menos 71 días.
“Este es un nuevo intento por amordazar jurídicamente a la oposición y a quienes ejercen control político en defensa de la democracia”, apuntó el Centro Democrático en su pronunciamiento.
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