Instantes después, cuando la información del incidente llegó a la empresa, esta señaló que inició los protocolos para apoyar el traslado y la atención médica de emergencia de la víctima.
De igual forma, la empresa señaló que dispuso los protocolos para apoyar tanto a la familia del trabajador lesionado como de la empresa contratista.
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Aunque por ahora se desconoce qué agrupación ilegal sería la principal responsable del hecho, la empresa rechazó enfáticamente el atentado y expresó su preocupación por la situación de seguridad en esa zona del departamento.
“Rechazamos de manera categórica este atentado que pone en riesgo, no solo a nuestros contratistas y equipos de trabajo, sino también a la comunidad en general, violando el derecho internacional humanitario”, señaló la compañía en un comunicado de prensa.
Finalmente, la compañía emitió un llamado al Gobierno Nacional y la Fuerza Pública para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales en ese municipio y en general de toda la zona norte del departamento.
Este episodio aparece en medio de una creciente preocupación por el incremento de las víctimas de minas antipersona y explosivos en el departamento.
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De acuerdo con datos del Comité Internacional de la Cruz Roja, tan solo el año pasado, Antioquia cerró con un consolidado de 91 víctimas de minas antipersona y artefactos explosivos, lo que equivale a un 89% más en comparación con 2023, cuando se registraron 48 casos.
En 2024, la mayor parte de las víctimas, 45, correspondían a integrantes de la Fuerza Pública.
Por su parte, 34 fueron señalados de pertenecer a grupos armados y 12 personas eran civiles.
El recrudecimiento de esta problemática coincide con una escalada en las confrontaciones entre los principales grupos armados que tienen presencia en Antioquia, como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc, que recurren a la práctica de plantar estos artefactos para ejercer control territorial y defender sus posiciones.
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