Casi tres años le tomó a la Personería de Rionegro concluir lo que la Contraloría del mismo municipio había dejado muy claro desde noviembre de 2022: que Jaime Villegas Santamaría, quien en ese entonces fungía como gerente de las Industrias Cárnicas del Oriente S.A., más conocida como Incarosa, se puso de ruana los recursos que tuvo a su disposición, como la tarjeta de crédito de la entidad, para darse la gran vida en paseos y lujos que, evidentemente, no tenían nada que ver con su función como gerente de Incarosa.
Lo que destapó la Contraloría, a través de 30 hallazgos administrativos, es que Villegas Santamaría convirtió la tarjeta de crédito de la entidad en su financiadora de paseos. La Contraloría encontró, por ejemplo, gastos relacionados con viajes a Punta Cana, en República Dominicana, y a un lujoso resort en Panamá, esto entre 2018 y 2020.
Las pruebas recopiladas por la Personería, incluyeron soportes entregados por la entidad bancaria que permitieron identificar gastos y pagos recurrentes asociados a conceptos de uso personal de Villegas, los cuales no se relacionaron nunca con las necesidades corporativas de la empresa. Entre estos conceptos figuran viajes (tiquetes aéreos), compras en centros aeroportuarios (Duty Free – Punta Cana), consumos en restaurantes, licorerías y cafeterías internacionales, servicios de plataformas de video y entretenimiento (Amazon, Apple, DirecTV), adquisición de prendas en tiendas exclusivas, consumo en estaciones de gasolina, entre otros; todos efectuados durante el periodo en el que el disciplinado ejercía como gerente de la entidad y contaba con el manejo de la tarjeta de crédito institucional.
Asimismo, se identificó el pago por concepto de intereses corrientes y moratorios, como consecuencia de las compras realizadas, los cuales fueron asumidos con cargos al presupuesto de la entidad.
Porque, como se diría popularmente, además de “conchudo fue malapaga”. La Personería también recibió soportes de que por las compras realizadas la tarjeta de crédito generaron el cobro de interés tanto corrientes, como moratorios, así como el cobro de honorarios por concepto de falta de pago en fechas posteriores al 18 de abril del año 2021, y en las que se observan conceptos como: Playa Blanca Beach Res, Café Kotowa Veracruz, Tgi Fridays Albrook Ma, Bahía Principe, Viajes GTI, Bahía Principe Bavaro, Duty Free Punta Cana, Apple.com, entre otros.
Más insólitos, todavía, fueron algunos testimonios recogidos durante el proceso. En declaración juramentada, la señora Gloria Isabel Castaño, quien fungió como contadora durante la gerencia de Villegas, indicó que una vez toma posesión el señor Villegas del cargo de gerente, ella le puso a disposición la chequera, y la tarjeta de crédito, en atención a que este oficiaba como representante legal, no obstante, indica que no le brindo información sobre el uso o autorizaciones de los recursos.
Según declaró Castaño, Industrias Cárnicas “es una empresa de economía mixta, y que de conformidad con los asesores legales de la entidad su régimen correspondía al de una empresa privada. Con ocasión a lo anterior, señala que la tarjeta fue usada para cubrir viajes comerciales, y compras a nivel personal de algunos empleados, pero que atendiendo a algunas recomendaciones se procedió a realizar el reintegro de los recursos a la entidad”-
Tras el análisis probatorio de la declaración juramentada de la contadora, la Personería determinó que existió un desconocimiento claro y manifiesto respecto a la calidad jurídica de la empresa de economía mixta Incarosa por parte del personal directivo. Esta situación propició la vulneración de los principios constitucionales y legales que regulan la conducta de los funcionarios responsables de la administración de recursos públicos.
Pero es que, además del escándalo por la tarjeta de crédito, la Contraloría en sus hallazgos encontró que para la vigencia 2020 los ingresos obtenidos por los servicios de desposte de bovinos y de las cavas de refrigeración fueron de $0; y para 2021 de solo $60.000.
Un hecho inadmisible si se tiene en cuenta que la sala de desposte y la ampliación de las cavas de refrigeración costaron $1.289 millones y se esperaba que en sus primeros años generaran utilidades por $2.118 millones. Y como si fuera poco, la Contraloría también encontró que por concepto de multas, moras y sanciones de cuentas de Internet, de la Asociación Colombiana de Porcicultores, de bancos, de servicios públicos y de la Dian, se observó que la entidad hizo pagos tardíos incurriendo en sobrecostos por casi $49 millones, que presumirían otro detrimento.
Entre los agravantes, la Personería determinó que el daño “no fue completamente reparado, observándose únicamente la restitución parcial de determinadas sumas de dinero. Sin embargo, dado que la conducta persiste y se siguen generando cobros por intereses corrientes y moratorios, el perjuicio ocasionado no ha podido ser resarcido en su totalidad”.
Además, la entidad resaltó también que “a pesar de la advertencia emitida por el órgano de control fiscal, no se realizó la restitución ni la reparación completa del bien afectado”.
La Personería subrayó que la “conducta realizada impacto negativamente el servicio público, asimismo aumento la desconfianza ciudadana, toda vez, que se utilizaron recursos públicos de manera personal y desproporcionada, sin ninguna autorización legal o estatutaria. Con lo cual se trasgredieron los principios, deberes y funciones del servicio público”.
La conclusión es que la conducta de Villegas causó deterioro del erario derivado de la adquisición de bienes y servicios, así como del cobro de intereses ordinarios y moratorios. Por tal razón, la Personería sancionó e inhabilitó por 12 años y seis meses, en una decisión de primera instancia, a Villegas.
En medio del proceso, también fue rechazado el silencio de la administración municipal encabezada en ese momento por Rodrigo Hernández. Y es que a pesar de que el municipio es propietario del 88% de Incarosa, el entonces alcalde optó por no pronunciarse de fondo sobre el hecho. Incluso cuando fue consultado sobre el tema por EL COLOMBIANO, y se limitó a pedir la renuncia del gerente mientras se investigaba a fondo. Tampoco salió bien librado el Concejo, que apenas cuatro meses después del escándalo vino a hacer un control político sobre la situación de Incarosa.
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