Uno de los sindicatos de trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aseguró que actualmente cerca de 18 centros zonales en Antioquia están cerrados a causa del paro que comenzó el 11 de agosto como protesta por diversas problemáticas que atraviesa la entidad y que afectan la prestación del servicio a los menores de edad y sus familias.
Según Diego Brand, presidente de Sidefam, entre los 18 centros zonales cerrados está la sede principal, por lo que los cálculos que manejan es que actualmente 500 familias están afectadas cada día por el cese y disminución de actividades y la oferta institucional.
“Se encuentran cerrados 17 centros zonales de Antioquia, de los cuales cuatro están en Medellín, otros dos más en el área metropolitana y el resto en los en las diferentes subregiones, y se encuentra cerrada la sede principal, la sede principal que la regional la sede principal que la regional, o sea, un total de dieciocho”, manifestó Brand.
Entre los afectados están, según el funcionario, las personas que están pendientes de audiencia de conciliación, los procesos por demanda de alimentos, y las familias cuyos hijos se encuentran bajo protección institucional y que tienen pendientes audiencias para recuperar su custodia, también están afectados los están pendientes de reunificación familiar.
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El ICBF anunció que instaló en Medellín la mesa de negociación con todos los sindicatos del departamento, para tener claro el pliego de peticiones sobre el cual negociará con el ICBF ante los riesgos como falta de personal (en este momento hay cerca de 100 vacantes sin cubrir) y por el desfinanciamiento que padece la seccional Antioquia actualmente.
Hay que recordar que los sindicatos denuncian que la entidad pasó de tener $72.000 millones el año pasado a tan solo $20.000 millones para 2025, situación que ha afectado el sostenimiento de toda la planta de trabajadores y cuidadores, además de la atención de la primera infancia.
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Brand reiteró que ante estos recortes los programas de prevención han padecido un gran golpe. “No hay cupos para niños. En protección, la historia es la misma: defensorías desmanteladas, centros zonales sin sedes donde operar. La regional está desesperada. Antioquia está al borde del colapso en materia de bienestar familiar. Esto ya se ha denunciado antes, pero nada cambia, por eso decidimos alzar la voz”, señaló.
Diana Baloy, directora seccional encargada, señaló esta semana que hay una mesa de negociación con la que se busca llegar a unos acuerdos, pero las protestas aún continúan en firme. Sin embargo, indicó que la prioridad se ha enfocado en garantizar la atención a los menores de edad. Por lo pronto reiteró que ni en los hogares infantiles ni en todo lo que tiene que ver, digamos, con atención a la primera infancia. Los servicios se van a frenar.
A todas estas, la seccional de Antioquia tiene directora encargada desde 2023 porque por cuenta de las peleas políticas entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el gobernador Andrés Julián Rendón, está paralizado el proceso para elegir director en propiedad, esto a pesar de que el concurso de méritos para adelantar dicho proceso ya se gastó más de $4.000 millones, evidencia palpable de que las peleas políticas repercuten en la calidad de vida de las personas más vulnerables que requieren oferta pública.
En Rionegro, donde se adelanta una de las principales concentraciones de funcionarios en cese, el alcalde Jorge Rivas anunció su apoyo a los trabajadores señalando que son justas las peticiones que adelantan a la entidad.
Allí se han dado cita trabajadores que operan en El Santuario, Marinilla y San Vicente, denunciando falta de cobertura de vacantes, sobrecarga laboral para los servidores activos, deficiencias en la infraestructura de varios centros zonales, traslados de personal que afectan la estabilidad de los equipos y largas demoras en la asignación de cupos para ubicar a niños, niñas y adolescentes en instituciones de atención.
El personero de Rionegro, Jorge Luis Restrepo, aseguró que de prolongarse la suspensión de servicios podrían colapsar las comisarías de familia impactando en procesos de restablecimiento de derechos de cientos de niños, niñas y adolescentes.
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