El Tribunal Administrativo de Antioquia negó suspender la validez de la tasa especial de seguridad, en medio de uno de los procesos con los que se busca tumbar ese nuevo impuesto que comenzó a regir en el departamento desde el pasado 1 de enero de este año.
La medida quedó plasmada en un auto emitido el pasado miércoles 21 de mayo, producto de una demanda en la que se pedían medidas cautelares para suspender la aplicación de la tasa, que este mes ya empezó su fase de cobro físico con la distribución de 550.000 facturas en los 125 municipios del departamento.
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Dicho proceso tuvo su génesis en un recurso de nulidad interpuesto por el diputado Manuel García Lozano, de la bancada del Pacto Histórico, con el que pide anular la Ordenanza 50 del 17 de diciembre de 2024, con la que la Asamblea dio luz verde a la imposición del tributo.
En otros puntos, en dicho recurso, el corporado argumentó que la ordenanza no habría estado acompañada de un correcto análisis de impacto fiscal, que se habrían vulnerado los principios de equidad y progresividad tributaria y que dicha iniciativa arrastraría vicios de legalidad.
De igual manera, el diputado solicitó a la justicia que se suspendieran de forma provisional la validez y los efectos de la ordenanza.
Pese a que dicho proceso aún no cuenta con una decisión de fondo, en sus consideraciones, el Tribunal Administrativo de Antioquia consideró que en la demanda no se habría demostrado de forma clara cuáles serían las normas que se estarían violando y que ameritarían suspender los efectos de la ordenanza, razón por la cual consideró que no era procedente acceder a las medidas cautelares.
“Analizados los supuestos fácticos y legales invocados, el despacho considera que la solicitud de la medida cautelar presentada por la parte demandante no tiene la virtualidad de acreditar los supuestos para decretarla, sencillamente, porque la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo solo procede cuando se advierta la violación de las normas invocadas en la solicitud. (...) no existen los elementos de juicio suficientes para verificar tal supuesto, como sucede en este caso”, plasmó el tribunal en su decisión.
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Cobro de la tasa ya inició su facturación física
En medio de este pulso judicial, que también incluye otras demandas que también están en curso, la Gobernación de Antioquia anunció, no obstante, que continúa con el cobro de la tasa.
Esta semana, la Secretaría de Hacienda de Antioquia informó que comenzaron a repartirse en los 125 municipios del departamento unas 550.000 facturas a los clientes residenciales de los estratos 4, 5 y 6, y los clientes industriales, comerciales y oficiales, en los que se cobrará la tasa de seguridad, correspondiente al primer trimestre de este año.
“A los residenciales que hicieron el pago, los tres pagos, y no tienen ninguna deuda con el departamento por la tasa de seguridad, no les va a llegar la factura. A los que les faltó pagar un mes o no han pagado ninguno, es ahí donde la factura va a contener esta información”, informó María Alejandra Escobar Mejía, directora de Fiscalización y Control de la Secretaría de Hacienda de Antioquia
“Por otro lado, a los industriales, comerciales y oficiales, les va a llegar absolutamente todo, así hayan pagado o no hayan pagado, porque nosotros sabemos la importancia que tiene el documento de cobro oficial para las empresas”, agregó la funcionaria.
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