Hay noticias que, por su gravedad, deberían sacudir la conciencia colectiva y generar un rechazo unánime en toda la sociedad. Los casos de violencia sexual contra niños y niñas, especialmente los más vulnerables, deberían estar entre ellas. Sin embargo, en Colombia, esta tragedia se repite en silencio y con una frecuencia alarmante.
Entre enero y marzo de este año, el Instituto Nacional de Medicina Legal realizó 343 exámenes médico-legales por violencia sexual contra niñas y niños de entre 0 y 4 años. De estos, 263 corresponden a niñas y 80 a niños. Son cifras que reflejan una realidad profundamente dolorosa: la infancia en Colombia no está segura.
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Ante esta situación, la defensora del Pueblo Iris Marín expresó su más enérgico rechazo y exigió al Gobierno acciones urgentes y estructurales para enfrentar esta forma de violencia.
“Frente a ese panorama tan preocupante, advertimos una situación de violencia estructural que rechazamos y, en particular, reprochamos lo ocurrido en el Hogar Infantil Canadá, en Bogotá, hace varios días”.
El caso al que hace referencia involucra presuntos abusos cometidos dentro de un jardín del ICBF que debería garantizar el cuidado y la protección de los niños y niñas lo que agrava aún más la indignación pública.
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Marín insistió en que el Estado no puede seguir respondiendo con medidas aisladas o reactivas. “Se debe construir una estrategia sostenida y colectiva, dirigida a identificar las causas de esta violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, e implementar de manera efectiva acciones de protección que respondan a la magnitud de lo que está ocurriendo”.
La Defensoría también subrayó que la responsabilidad debe asumirse desde los más altos niveles del poder ejecutivo, “desde la cabeza del Gobierno se debe liderar una respuesta contundente, porque proteger a la niñez no puede seguir siendo una promesa pendiente”.
