Por segunda vez, el Tribunal Superior de Bogotá postergó su decisión sobre la solicitud de medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), señalado por la Fiscalía de haber participado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Aunque se esperaba que este martes el Tribunal emitiera un pronunciamiento, la diligencia se limitó a escuchar al abogado defensor del exfuncionario, Iván Cancino, quien durante más de dos horas expuso los argumentos por los cuales, según dijo, su cliente no debe ser enviado a prisión.
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Cancino insistió en que González Merchán es ajeno al entramado criminal que desvió millonarios recursos públicos y que, lejos de ser un actor central, ha sido injustamente involucrado en el proceso. “No solo no se cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales para imponer esta medida, sino que existen serias deficiencias probatorias y graves contradicciones en la declaración del señor Olmedo López, único testigo de la Fiscalía”, afirmó.
El abogado cuestionó duramente la solidez del caso del ente acusador, asegurando que la narrativa se sostiene únicamente en la versión de López, exdirector de la UNGRD, a quien calificó como “mentiroso y oportunista”. Según Cancino, no hay documentos, interceptaciones, videos ni otras pruebas que respalden la acusación contra su cliente como supuesto líder de la organización criminal.
“Si bien pudo haber existido una estructura ilícita dentro de la UNGRD, eso no significa que mi defendido hiciera parte de ella”, añadió.
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Finalizada su intervención, el magistrado a cargo del caso anunció que la decisión final se conocerá el próximo jueves 3 de julio.
González es investigado por presuntamente haber utilizado su posición e influencia política para facilitar la entrega de sobornos a congresistas, a cambio de apoyo legislativo al Gobierno nacional. La Fiscalía lo señala como uno de los articuladores de una red ilegal que desvió recursos destinados a la atención de emergencias y desastres en el país.
Al respecto, para pedir que sea enviado a prisión, la Fiscalía señala que Carlos Ramón habría utilizado su influencia política de más de 30 años para consolidar una estructura criminal que habría comprado la gobernabilidad en el Congreso, a través de dineros desviados de contratos destinados a la atención de emergencias naturales.
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“Carlos Ramón actuó con dolo directo, en la medida en que conocía los hechos constitutivos de la conducta punible. Usted, Carlos Ramón, sabía que ofrecía a Name y Calle contratos y luego dinero en efectivo, y que, a cambio de esto, apoyarían los intereses del Gobierno. Determinaba al entonces director de la UNGRD al ordenarle, contrariando el ordenamiento jurídico, la entrega de la coima”, afirmó la fiscal del caso.
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