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Se mueve investigación contra la campaña de Petro: Procuraduría pide investigación a Ricardo Roa por presunta violación de topes

En su concepto, que no es vinculante, el Ministerio Público pide sancionar también a la tesorera y a los auditores de la campaña. Topes electorales se habrían sobrepasado en más de $5.355 millones.

  • Después de haberse desempeñado como gerente de campaña, Roa escaló hasta llegar a ser presidente de Ecopetrol como alfil de Petro. FOTO: Colprensa
    Después de haberse desempeñado como gerente de campaña, Roa escaló hasta llegar a ser presidente de Ecopetrol como alfil de Petro. FOTO: Colprensa
28 de mayo de 2025
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En momentos en los que la investigación contra el presidente Gustavo Petro en el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue congelada –por cuenta de una tutela que escaló hasta la Corte Constitucional–, este miércoles se conoció un concepto de la Procuraduría que pide sancionar a su entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, en el proceso por presunta violación de topes electorales.

Según el documento, en el que también se pide sancionar a la tesorera Lucy Aydee Mogollón Alfonso, y los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus, Roa actuó de manera presuntamente irregular al reportar los gastos de campaña, puntualmente durante la primera vuelta.

En particular, las miradas están puestas en un evento en el Movistar Arena en Bogotá. Al parecer, la campaña no registró el gasto de $100 millones para el alquiler del escenario el 19 de junio de 2022. En su momento, el CNE determinó que, si bien el evento se pactó en $250 millones, la campaña únicamente reportó un gasto por $150 millones. Detrás de todo habría estado Roa.

Puede leer: Caso Petro: CNE suspendió investigación contra el presidente, pero el proceso sigue para los demás implicados

Ricardo Roa Barragán, en su condición de gerente de la campaña del Pacto Histórico a la Presidencia, realizó maniobras tendientes a ocultar que el valor real del evento realizado el 19 de junio de 2022 en el Movistar Arena ascendió a $250.000.000, y no a $150.000.000 como fue informado al CNE. El saldo restante, de $100.000.000, fue pagado por ServiRed S.A.S”, advierte el documento de la Procuraduría.

Según el Ministerio Público, Roa es responsable de al menos dos de las 10 presuntas irregularidades que se investigan: no solo la supuesta violación de topes de financiación, sino también el aparente ocultamiento de información de gastos.

En su concepto, la Procuraduría concluyó que en los gastos de primera vuelta deben agregarse los servicios de propaganda electoral que la campaña adquirió con Caracol Televisión, las cuales fueron emitidas en página web y otros medios del canal del 2 al 23 de mayo de 2022. Se reclama en la investigación del CNE que la campaña omitió reportar esa factura, por valor de $356 millones.

Si bien el ente de control no halló aparentes irregularidades en aspectos como el pago de testigos electorales y los desplazamientos aéreos durante la campaña, sí pidió sancionar tanto a Roa, como a la tesorera y los auditores a pagar una multa del 1 % de lo que se desembolsó para financiar la campaña en primera vuelta y otro 1 % correspondiente a lo que se giró en segunda vuelta.

“En consecuencia, sancionarlos de forma solidaria al pago de una multa equivalente al uno (1 %) por ciento del valor desembolsado por el Estado para la financiación de la campaña a la Presidencia en primera vuelta y ordenar la devolución de $154.262.381,00, correspondiente a la cuantía en la cual fueron violados los topes en primera vuelta”, indica el documento.

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Por último, buscando que no termine viciado el proceso, la Procuraduría pidió resolver recursos de reposición presentados por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, así como de las defensas de Ricardo Roa y María Lucy Soto.

Según la investigación adelantada por el CNE, en primera vuelta, al parecer, la campaña del Pacto Histórico habría omitido un aporte de $500 millones por parte del gremio de maestros Fecode, a lo que se suma la aparente omisión de un aporte del Polo Democrático (por otros $500 millones), así como uno de la Unión Sindical Obrera – USO, por $121 millones y otra supuesta omisión de pagos a testigos electorales por $931 millones.

Por otro lado, en segunda vuelta, se presume que se omitieron pagos a testigos electorales por $177 millones, otro aporte de la USO por $379 millones y un aporte de la Colombia Humana por $530 millones.

En total, se estima que la campaña del hoy presidente Gustavo Petro habría violado los topes electorales por más de $5.355 millones. El jefe de Estado ha reclamado que, para “hacer ver” que se sobrepasaron los topes, los magistrados del CNE “sumaron gastos de primera vuelta con gastos de segunda o gastos de consulta con gastos de primera vuelta”.

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