Este procedimiento no equivale a una sanción, si no al inicio de la etapa de revisión de pruebas y explicaciones.
La Comisión de Investigación y Acusación inició una investigación preliminar contra la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón.
El expediente ya había sido asignado a una representante investigadora el 25 de agosto de 2025. Desde ahora, la Secretaría de la Comisión se encargará de comunicar el inicio del proceso a todas las partes involucradas.
Este paso no significa que ya exista una decisión sobre la responsabilidad de la fiscal general. Lo que hace la Comisión es abrir la puerta para recolectar información, estudiar la denuncia y permitir que los implicados den sus explicaciones.
La denuncia fue presentada el pasado 15 de agosto por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia – Veedores sin Fronteras. En el escrito, Bustos afirma que dentro del caso de los carrotanques de la UNGRD se presentaron pruebas que no solo servirían para acusar a Sandra Ortiz, sino también a Carlos Ramón González y a César Manrique.
El denunciante sostiene que la Fiscalía no avanzó en estos procesos de la misma manera. Según su relato, a Sandra Ortiz no se le otorgó un preacuerdo ni el principio de oportunidad, mientras que a los otros mencionados no se les solicitó imputación ni medida de aseguramiento.
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También asegura que hubo una posible complicidad entre la fiscal general y fiscales delegados, lo que habría permitido que Carlos Ramón González saliera del país hacia Nicaragua para evitar la justicia. Por eso, pide que se investigue a la fiscal por posibles delitos como fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento.
Sobre González, hay que recordar, que está acusado de ordenar que se inflaran los contratos para la compra de carrotanques, desviando recursos que presuntamente fueron usados para sobornar a congresistas como los presidentes del Senado y la Cámara.
Un juez ordenó su captura el 3 de julio, pero se encuentra prófugo y tendría residencia en Nicaragua; el Gobierno de ese país le concedió asilo político.
Y a Manrique se le acusa de delitos como concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado, lavado de activos y falsedad en documentos.
Ante la orden de captura, Interpol emitió una circular roja en su contra el 25 de agosto, ya que permanece prófugo mientras avanza la investigación.
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