La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) demoró 7 años en emitir la primera por crímenes de guerra. El último secretariado de las Farc deberá cumplir con 8 años de sanciones por su responsabilidad en el secuestro de más de 21.000 personas, aun así, no pagarán cárcel y podrán seguir en la participación política. Así serán las sanciones restaurativas.
“Esta sentencia no les devolverá todo lo que perdieron. No podrá cambiar un pasado doloroso, ni recuperar el tiempo perdido, ni sanar por completo sus profundas heridas. Ninguna sentencia en el mundo podría hacerlo, pero sí busca aliviar su dolor y el de sus familias”, dijo Alejandro Ramelli, presidente de la JEP a las víctimas.
Durante la investigación se encontró un universo de 21.393 personas que sufrieron la práctica del secuestro que implementó la guerrilla, de las cuales 4.325 ya fueron acreditadas.
La JEP impuso ocho años de sanción propia —la pena máxima contemplada en el Acuerdo Final de Paz— que contrastan con décadas de silencio, miedo y demanda de justicia por parte de víctimas.
Los condenados no pagarán cárcel, la sentencia –bajo el funcionamiento de la jurisdicción especial– contempla sanciones que sustituyen las celdas. Los excomandantes sentenciados son Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda.
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“El fallo de la JEP en el caso 01 solo se traduce a 8 años donde las Farc seguirán libres, participando en política y ‘reparando’ con proyectos financiados por el Estado. Mientras tanto, la verdad plena para las víctimas quedó reducida al papel”, dijo el abogado Juan Camilo Sanclemente, representante de víctimas de las Farc.
Los excombatientes ahora deberán priorizar acciones que vayan encaminadas en la búsqueda de desaparecidos, el desminado humanitario, memoria del conflicto y medio ambiente.
La búsqueda de los desaparecidos
El 8% de las víctimas acreditadas ante la JEP reportó a un ser querido como desaparecido en medio de los secuestros de las Farc. Ahora los sentenciados tendrán que presentar un informe al respecto y empezar a trabajar en conjunto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Los exFarc tendrán que elaborar mapas, realizar visitas de campo, capacitarse en la custodia de sitios forenses de interés y hacer actos de reconocimiento y perdón concertados con las víctimas.
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“(Esta sanción es) sumamente sensible, ya que acarrea un dolor profundo y persistente de las víctimas: la insatisfacción por no haber podido encontrar a sus familiares y seres queridos, la ausencia prolongada de la persona desaparecida, la incertidumbre sobre sus condiciones de cautiverio y las circunstancias en las que se terminó su vida. Por tanto, la relación con el daño caracterizado se refleja en que cada acción del compareciente responde a esa deuda histórica de verdad y dignificación”, se lee en la sentencia
Uno de los puntos priorizados será el Cementerio Central de Palmira (Valle). En ese municipio se encuentran 94 víctimas acreditadas de este caso. Los comparecientes deberán hacer llegar documentos, puntos de inhumación, coordenadas relevantes donde puedan estar los restos de los desaparecidos en el conflicto.
¿Cuáles proyectos de reparación deberán cumplir?
La JEP aseguró que estas iniciativas pretenden reconocer a las víctimas de secuestro y de desaparición forzada y, a su vez, promover los principios de verdad y no repetición. Los comparecientes deberán escuchar y transcribir testimonios de las víctimas, construir e instalar “artefactos de memoria” y realizar productos radiales, audiovisuales y digitales con contenido en honor a las víctimas.
“Este modo de sancionar a los comparecientes no se desentiende del hecho imputado, por el contrario, canalizan el reconocimiento de responsabilidad hacia la generación de condiciones simbólicas, institucionales y metodológicas que guarden coherencia con el daño caracterizado, desde una lógica restaurativa”, apuntó la JEP.
En los proyectos de memoria la intención es que los máximos responsables, las víctimas y las comunidades participen. En esta sanción se ordenó el acompañamiento de varios ministerios, de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Sena y la Unidad de Víctimas.
En Cali se prevé la realización de un encuentro con víctimas, donde los comparecientes harán manifestación de perdón por los hechos del secuestro, cautiverio y muerte de los diputados del Valle.
Reparación ecológica
La intención es reparar las zonas afectadas por el conflicto armado a través de acciones de protección de los ecosistemas. Los comparecientes deberán participar en iniciativas de preparación de terrenos, instalación de viveros y propagación de especies nativas y cultivos para el pancoger.
“Esta decisión no solo contribuye al cumplimiento del régimen de condicionalidad, sino que refuerza el carácter transformador de la sanción propia, al integrar objetivos territoriales, ambientales y comunitarios en consonancia con los fines del Sistema Integral, el Acuerdo Final de Paz y las políticas públicas sectoriales vigentes”, apuntó la JEP.
Los comparecientes deberán trasladarse a las zonas donde se implementarán los proyectos de las sanciones propias.
Desminado humanitario
El proyecto de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) tiene como propósito avanzar en la descontaminación de los territorios afectados por estos artefactos, mediante la recolección de información en zonas de riesgo, la elaboración de cartografía especializada y la priorización de áreas de intervención. La iniciativa contempla procesos de formación técnica en estudios no técnicos, despeje y educación en el riesgo de minas (ERM), así como talleres de sensibilización dirigidos a las comunidades.
“El uso extendido de artefactos explosivos improvisados en las zonas rurales durante el conflicto armado interno no solo representó una violencia letal, sino que dejó un daño estructural persistente en el territorio y la vida comunitaria. Esta práctica, utilizada para mantener el control armado y limitar el acceso de otros actores al campo, fracturó las relaciones sociales, debilitó la confianza comunitaria e interrumpió el aprovechamiento tradicional del territorio”, apuntó la JEP.
La JEP dispuso que el Ministerio de Defensa y el Ejército faciliten la capacitación certificada de excombatientes en los procedimientos operacionales de desminado humanitario.
¿Qué sigue en el proceso y cómo se hará seguimiento?
Mientras los exguerrilleros avanzan en los procesos de reparación, todos deberán cargar un dispositivo electrónico que permitirá el seguimiento en tiempo real de su ubicación.
“Los comparecientes tienen la obligación de mantener operativo dicho dispositivo, evitar su manipulación o interferencia, y facilitar las verificaciones técnicas que se requieran. Además, el cumplimiento será verificado in situ mediante visitas periódicas de funcionarios designados, quienes supervisarán las actividades restaurativas en el terreno”, apuntó la sentencia.
Cualquier desplazamiento, fuera de las zonas de trabajo, deberá contar con autorización previa a la JEP. Tampoco podrán salir del país. La libertad estará restringida al perímetro donde se realicen las actividades reparadoras.
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