La oposición denunció la firma de un millonario contrato directo entre el Ministerio del Interior y RTVC. El contrato busca cubrir logística de eventos hasta diciembre en Bogotá. Cuestionan que recursos podrían usarse para favorecer la campaña de la consulta.
En momentos en los que el Senado se apresta a discutir la consulta popular promovida por el presidente Gustavo Petro, este martes desde la oposición llamaron la atención por un millonario contrato firmado de forma directa por más de $88.964 millones para realizar eventos.
Según la denuncia del concejal Daniel Briceño, del Centro Democrático, el Ministerio del Interior y el Sistema de Medios Públicos RTVC suscribieron un contrato interadministrativo para “prestar los servicios de operación logística para llevar a cabo la organización, producción y ejecución de los eventos, encuentros y demás actividades logísticas”.
El plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre, es decir, durante poco más de siete meses y el lugar de prestación del servicio será Bogotá.
De acuerdo con Briceño, “serán $370.685.166 diarios en buses, chivas, refrigerios, almuerzos, tarimas, conciertos, etc. Esto puede terminar usándose en la campaña de la consulta popular”.
Este martes se tiene previsto que la plenaria del Senado arranque la discusión de la consulta popular, un mecanismo que –además de anticipar y condimentar el pulso electoral de 2026–, concentrará la atención mediática y política del país.
El Senado tiene plazo hasta el 1° de junio para decidir si avala o niega el mecanismo con el que desde Casa de Nariño buscan impulsar la fallida reforma laboral y, de paso, potenciar el mandato del “Gobierno del Cambio” en su recta final.
Según confirmó a este diario el secretario del Senado, Diego González, para avalar o negar la consulta se requerirá mayoría simple. Es decir, la mitad más uno de quienes asistan a la sesión para decidir el futuro del mecanismo.
Hoy por hoy, 105 senadores conforman la Corporación y en el escenario de que todos asistan, el número mágico para avalar o negar sería 53 (la mitad más uno). El Gobierno tiene en contra los votos del Centro Democrático, Cambio Radical y el Conservador.
Del partido del expresidente Álvaro Uribe son 12 votos, aunque si regresa al Congreso Ciro Ramírez, que estaba en prisión, serían 13; en Cambio Radical hay nueve tras las posiciones de Temístocles Ortega y Ana María Castañeda que son distantes al vargasllerismo. Y en el Partido Conservador habría 11 votos exceptuando los de Carlos Andrés Trujillo de Antioquia (que ha estado más cercano a Petro que a Efraín Cepeda y Nadia Blel en todo el Gobierno) y Óscar Barreto, Miguel Barreto y Liliana Benavides.
En el Pacto Histórico hay 19 votos por el sí que son inamovibles. El único que podría no votar o votar no es Paulino Riascos, quien en los últimos meses ha tenido unas diferencias grandes con el petrismo. A ello se suman los otros cinco votos seguros de Comunes, que están comprometidos con el Gobierno.
Además, hay por lo menos ocho senadores liberales de 12 que estarían a favor de la consulta. En La U hay siete senadores que estarían en el argumento de “permitirle al pueblo expresarse” por decisión de la gobernadora Dilián Francisca Toro.
Hay dos senadores más cercanos al exministro Juan Fernando Cristo que podrían votarle al Ejecutivo. En el Partido ASI están Berenice Bedoya que votará no, y Jairo Castellanos, Gustavo Moreno y Guido Echeverri, que apoyarían la consulta. Con eso, la oposición tendría como máximo 45 votos, y el Gobierno 50 contando las curules indígenas.
