Un enfrentamiento entre el alcalde Marcos Cortés y el representante Cristian Avendaño estalló durante una protesta contra una corrida de toros que el congresista califica de ilegal y contraria a la ley de protección animal.
Este jueves, en plena celebración de Año Nuevo, el municipio de Barbosa, Santander, fue escenario de un enfrentamiento verbal entre el alcalde Marcos Cortés y el representante a la Cámara Cristian Avendaño, quien lideró en ese lugar una protesta pacífica en contra de la realización del festejo taurino programado para abrir 2026 en esa región del país.
Avendaño sostuvo que la actividad se desarrollaba en contravía de la ley y la calificó públicamente como un acto de “barbarie, tortura y maltrato animal”, lo que derivó en una discusión con el mandatario local, quien respondió desde el interior del recinto, tras las rejas de uno de los accesos donde se llevaba a cabo la corrida de toros.
El político denunció que tanto el mandatario local como sus seguidores lo atacaron a él y a su equipo de trabajo. De acuerdo con las evidencias en video, difundidas en redes sociales y por el congresista, los hechos incluyeron insultos repetidos en su contra, lanzamiento de diferentes objetos y empujones físicos.
El representante aseguró que desde el 22 de diciembre interpuso una queja formal ante la Procuraduría contra el alcalde de ese municipio por anunciar y ejecutar el evento, pese a que —según explicó— la ley prohíbe las corridas de toros y solo permite un periodo de transición en territorios donde la actividad se haya desarrollado de manera ininterrumpida.
De acuerdo con Avendaño, ese no es el caso de Barbosa, donde las corridas se dejaron de realizar hace dos varios años, lo que excluye al municipio del régimen transitorio contemplado en la ley. “Aquí hubo interrupción de la actividad, por tanto la corrida es ilegal”, afirmó el congresista, quien subrayó que este fue el sustento jurídico de la queja presentada ante el órgano de control.
Pese a ello, el alcalde de Barbosa decidió avanzar con la corrida. Previo al evento, Avendaño y otros activistas realizaron una actividad en la que explicaban a la ciudadanía el maltrato, la tortura y el sufrimiento al que son sometidos los animales antes, durante y después de una corrida de toros. Fue en ese contexto cuando se produjo la discusión con el alcalde.
Según el representante a la Cámara, el mandatario local llegó al lugar en un evidente estado de embriaguez, “al punto de no poder sostenerse por sí mismo. Hay videos en los que se ve que casi se cae”, aseguró Avendaño en diálogo con EL COLOMBIANO. Al cuestionarlo por la presunta ausencia de pólizas de responsabilidad civil y por promover estas actividades taurinas, el alcalde —según el congresista— respondió con insultos, groserías y señas ofensivas, incluso saliendo nuevamente del recinto para continuar con las agresiones verbales.
Según su relato, los toros no querían salir a la arena, estaban atemorizados y no presentaban comportamientos agresivos. Al primero intentaron sacarlo a golpes, con palos, puntillas, cuerdas y empujones, sin éxito. Para obligar al segundo a salir, se habrían lanzado objetos para dispersar a quienes protestaban y, posteriormente, se habría utilizado un dispositivo eléctrico tipo táser, hecho que —afirmó— quedó registrado en video.
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El representante señaló además que el animal no fue sacrificado porque no era agresivo y porque la situación se tornó aún más riesgosa cuando personas en estado de embriaguez ingresaron a la arena, poniendo en peligro a los asistentes. A esto se suma la denuncia sobre la presunta inexistencia de una póliza de responsabilidad civil, ya que, según Avendaño, en las boletas solo se advertía que el ingreso era “bajo su propio riesgo”.
Tras estos hechos, Cristian Avendaño informó que presentó una ampliación de la queja ante la Procuraduría, solicitando la sanción, inhabilidad y salida del cargo del alcalde de Barbosa, al considerar que se trata de una conducta reiterada de violación de la ley y abuso de poder.
Recordó que el mandatario ya enfrentaría otros procesos disciplinarios, entre ellos uno por violencia contra estudiantes, otro por la violación de la Ley 2345 (Ley Chao Marcas de Gobierno) y ahora este nuevo proceso relacionado con las corridas de toros. “El problema de fondo es el abuso de poder”, concluyó Avendaño, quien sostuvo que el alcalde y su equipo jurídico interpretan erradamente el periodo de transición de la ley.
La controversia en Barbosa ocurre en medio de la entrada en vigencia progresiva de la Ley 2385 de 2024, ratificada por la Corte Constitucional en septiembre de 2025. La norma prohíbe de manera definitiva las corridas de toros, novilladas, rejoneo, becerradas, tientas, corralejas y peleas de gallos en Colombia, como parte de un mandato de protección animal y transformación cultural.
Aunque la prohibición plena comenzará a regir en 2027, la Corte estableció un periodo de transición de tres años con condiciones estrictas, orientado a la reconversión laboral y cultural de quienes dependen económicamente de estas prácticas. Durante ese periodo transitorio, la ley es clara en que solo podrán realizarse festejos taurinos en los territorios donde estas actividades constituyan una tradición ininterrumpida, además de prohibir expresamente el uso de recursos públicos para su financiación o para la construcción de infraestructura asociada.
Es precisamente en este punto donde se centra la discusión jurídica en el caso de Barbosa, Santander: según el representante, en ese municipio las corridas de toros se dejaron de realizar hace dos años, lo que implicaría una interrupción de la tradición y, por tanto, la imposibilidad de acogerse al régimen de transición previsto por la ley, haciendo —en su criterio— ilegal la corrida programada para el inicio de 2026.
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