Aunque era previsible, según análisis y expertos, que Colombia iba a recibir la descertificación parcial o total de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, en Presidencia no tenían preparada ninguna declaración oficial el lunes de esta semana. Casi que por sorpresa, el jefe de Estado se enteró minutos antes de empezar un Consejo de Ministros sobre salud televisado en canales públicos. El embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, dijo en emisoras que recibió la llamada de funcionarios de la Casa Blanca ese día notificando de la decisión que no ocurría hace 29 años en tiempos de Ernesto Samper.
Como si se tratara de un asunto menor, el mandatario colombiano comunicó el hecho primero mezclando temas y luego lanzando sus primeros ataques al aliado histórico del país; incluso, en vivo y en directo su ministro del Interior, Armando Benedetti, le leyó fragmentos del memorando firmado por Donald Trump en el que justifica su decisión de la descertificación parcial o con waiver (exención). “No los necesitamos (a Estados Unidos)”, dijo Petro mientras explicaba sin mayores detalles que, según él, que con el presupuesto nacional se podía empezar a trabajar en armamento y tecnología militar propia. La cámara mostraba al general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, que apenas lo miraba con seriedad.
Pasaron dos días y el mandatario decidió hacer, ahora sí, una alocución pregrabada con el avión presidencial de fondo, el FAC001, la bandera de Colombia y un atril negro. Duró 37 minutos y fue emitida en canales privados y públicos en horario prime time; no seguía un libreto, pero el mandatario leyó cifras en hojas puestas sobre el atril. Dedicó buena parte a atacar con dureza al presidente estadounidense —lo mencionó 18 veces por su nombre, según contó este diario—y puso el espejo retrovisor en lo que heredó de su antecesor, el expresidente Iván Duque.
“(la descertificación) es una grosería profunda contra el país que más sangre ha regado para que la sociedad de los Estados Unidos y de Europa no consuman tanta cocaína”, dijo Petro y agregó: “(...) un insulto, obviamente, para mi vida personal, porque si algún líder político, después de Galán, Luis Carlos, ha luchado contra el narcotráfico, ese he sido yo”.
Luego hubo otros ataques diciendo que Trump tiene “amistades de las mafias de la Florida y sus voceros políticos latinos” y dirigiéndose a él cerró molesto su discurso: “(...) a mí no me amenace, aquí lo espero si quiere, no acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos; acepto inteligencia, vengan aquí a hablar con inteligencia, y lo recibimos y hablamos de tú a tú y con cifras reales, no con mentiras”.
Precisamente, sobre esto último, EL COLOMBIANO hizo una revisión de las cifras que expuso el mandatario y contrastó con documentos, funcionarios, exfuncionarios y expertos. Son tres grandes temas que están entrelazados en la política de drogas: número de hectáreas de cultivos de uso ilícito, erradicación y sustitución e incautación.
“¿Nadando en coca?” El número de hectáreas fue determinante
En la alocución, Petro se refirió al aumento sostenido del número de hectáreas de cultivos de hoja de coca en Colombia, pero con espejo retrovisor: “Miren lo que pasa en el año 2022. Todavía no soy el presidente. Yo llego hasta el mes de agosto y empiezo a ver la realidad en octubre, año de Duque, crecen los cultivos de hoja de coca 13% y eso arroja una mayor cantidad. Último año de Duque, su amigo, doctor Trump: 230.000 hectáreas”. Petro cita los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que también arrojan que en 2023 el país aumentó de las 230.000 a 253.000 en 2024, es decir que hoy tenemos cinco veces más de los cultivos de hoja de coca que teníamos diez años atrás (48.000 en 2012 y 2013).
Es cierto que el crecimiento sostenido viene precisamente desde esos años y el resto del mandato de Juan Manuel Santos; también es cierto que en tiempos de Duque hubo una leve reducción de 2018 a 2019 y luego un repunte en 2021 y 2022 después de la pandemia (ver gráfico). Pero expertos y análisis más prudentes señalan una proyección para 2024 de 275.000 hectáreas, es decir un aumento aproximado de 45.000 hectáreas en dos años; los observadores más crudos, en cambio, pronostican que el país ya habría superado las 300.000 hectáreas bajo este Gobierno. ¿Qué hacer entonces?
Erradicación, sustitución y... ¿aspersión?
Hay dos términos en política de drogas que van de la mano: erradicar y sustituir. La erradicación puede ser voluntaria por parte de los cultivadores, que son en su mayoría campesinos, o impuesta por el Estado más conocida como erradicación forzada que se aplica a través del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Según Petro, en el Gobierno Duque no hubo erradicación voluntaria “la volvió cero, 2021; cero, 2022; quedó cero 2023, porque tuvimos que empezar a rehacer el programa, se demoraron mis funcionarios y llegamos a 2024 con un número en erradicación voluntaria que alcanzó 2.711 hectáreas, poco. Pero en 2025 alcanzamos 22.433 hectáreas”.
EL COLOMBIANO habló con Emilio Archila, quien fue consejero de paz de Duque y con cifras de la ONU en mano desmiente al presidente Petro: “Absolutamente falso. En mi administración sustituimos voluntariamente 19.700 hectáreas”. Además, agrega que durante ese mandato sustituyeron en total 37.693 hectáreas de forma voluntaria y con verificación de ese organismo internacional.
Este periódico indagó el por qué de esas cifras falsas con la actual directora del PNIS, la politóloga Gloria Miranda, quien acepta que sí fueron erradicadas, pero no sustituidas porque bajo su interpretación, como no se sustituyeron, se resembraron. Bajo la lógica del Gobierno, el PNIS en tiempos de Duque “se paró (...) la gente erradicó, pero el programa no cumplió. Quitar una mata no es sustitución que es cuando cuando se reemplaza la economía ilegal”.
Pero si hablamos de sustitución, precisamente, la tabla que presentó el Gobierno arroja que a finales de 2022 y 2023, no sustituyeron hectáreas y el jefe de Estado confundió erradicación voluntaria con sustitución, que vendría a ser 2.711 en 2024 y 22.433 en 2025. Aún así, dicen expertos, tanto Duque como Petro, tuvieron resultados muy pobres.
Quizá por eso el mandatario colombiano alcanzó a abrirle la puerta, tardíamente, a la aspersión aérea con glifosato que está prohibida por la Corte Constitucional desde hace casi 10 años. Incluso, a principios de este año, se filtró un plan de aspersión manual que hasta la fecha no ha tenido resultados relevantes y fue otro anuncio intentando demostrar a EE. UU. sus esfuerzos por disminuir el número de hectáreas de cultivos de uso ilícito.
Petro saca pecho por incautación, pero hay matices
El jefe de Estado dice que “en el año 2024 hemos logrado una incautación de 889 toneladas. Nunca antes se llegó a esa cifra”. Si bien es cierto en número de toneladas, no lo es como porcentaje del total de cocaína, es decir que años anteriores se decomisaba el 50% de la producción, pero en 2023 apenas se incautó el 28%.
Colombia lidera el ranking de mayores incautaciones de cocaína en América Latina, según el portal InSight Crime, pero sigue siendo el mayor productor de esta sustancia a nivel mundial. Concentrarse en la interdicción –entendido como la acción de detener los grandes cargamentos que salen por mar, tierra o por aire– es omitir el resto de instrumentos y mediciones para enfrentar el narcotráfico.
Así lo explica a este diario el profesor Pablo Zuleta, coordinador temático de psicoactivos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes: “No hay razón para sacar pecho (...) En la medida en que se identifique pérdida de la gobernanza en esos territorios, los decomisos reflejan a la vez aumento en la producción”.
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