Este viernes la defensa del expresidente Uribe presentó ante la Cámara una denuncia contra Gustavo Petro por presuntos delitos de hostigamiento y calumnia vía X. Conoce los detalles y qué implicaciones legales y políticas tiene.
Previo a que se conozca el monto de la pena contra Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, este viernes la defensa del exmandatario radicó una denuncia contra el presidente Gustavo Petro por la presunta comisión de los delitos de hostigamiento y calumnia.
La denuncia, que fue radicada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, tiene como origen recientes pronunciamientos del primer mandatario a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde cuenta con una audiencia de más de ocho millones de seguidores.
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“En dichas publicaciones, el presidente Petro profirió acusaciones directas, infundadas y carentes de respaldo judicial, atribuyéndole al expresidente Uribe conductas gravemente delictivas como homicidios, narcotráfico, paramilitarismo y corrupción, hechos por los cuales no existe condena penal alguna ni decisión judicial que sustente dichas afirmaciones”, señala la denuncia.
Según el recurso, este tipo expresiones, proferidas desde la investidura presidencial y usando canales institucionales, “no solo constituyen un atentado a la honra, el buen nombre y la dignidad personal y política de Uribe Vélez, sino que además configuran una conducta sistemática de estigmatización y hostigamiento político, dirigida a deslegitimar a un líder político de relevancia nacional y a quienes comparten su ideología”.
Por todo ello, se alertó que este tipo de conductas representan una violación de los límites constitucionales e internacionales a la libertad de expresión, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios de prohibición del discurso de odio y no discriminación política que rigen en el sistema internacional de derechos humanos.
“Confiamos en que las autoridades competentes actuarán con imparcialidad, independencia y respeto al marco normativo, protegiendo no solo los derechos fundamentales del Dr. Uribe Vélez, sino también el equilibrio democrático de la Nación”, precisa el recurso, elaborado por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados.
Una posible detención domiciliaria es la medida privativa de la libertad que se avisora para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el marco de la condena que le decretará la justicia penal este viernes por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Para hoy a las 2:00 p.m. está programada la tasación de la pena, es decir, la audiencia en la cual la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento, dirá a cuántos años condenará al político antioqueño, luego de anunciar el sentido de ese fallo (condenatorio) el pasado lunes.
La diligencia se realizará en el complejo judicial de Paloquemao, en la capital, aunque lo más seguro es que el sentenciado comparezca de forma virtual, como lo ha venido haciendo hasta ahora.
En la audiencia de tasación de la pena, la jueza entrará a valorar de nuevo las pruebas para determinar en qué rango de años define la condena. De igual manera, decidirá si para el cumplimiento de dicha pena el procesado deberá ir a prisión o a detención domiciliaria.
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