Los disidentes del Frente 33 de las Farc –uno de los bandos responsables por la escalada violenta en el Catatumbo– empezarán a caminar hacia lo que el Gobierno denominó como Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Estarán allá por siete meses y, una vez adentro, no podrán ser capturados.
EL COLOMBIANO conoció la Resolución 161 del 23 de mayo de 2025. En el documento, el Gobierno explica cómo será la adecuación de la zona para los ilegales, cuáles son los protocolos y las acciones que se adelantarán allí para que el grupo disidente empiece a caminar hacia la dejación de armas y la vida civil.
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El documento dejó claro que la ZUT estará ubicada en el área rural del municipio de Tibú (Norte de Santander) y las coordenadas precisas serán de carácter reservado. A partir de este viernes se contarán 45 días: ese es el plazo para que los ilegales se trasladen a la zona de agrupamiento.
“El objetivo es facilitar la implementación de los acuerdos de tránsito a la paz y a la vida civil”, indicó el documento.
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Los disidentes del Frente 33 obedecen a las órdenes de alias Calarcá y están en conversaciones de paz desde octubre de 2023. El paso hacia la dejación de armas parecía cantado. Es que son el bando que más golpes ha recibido durante la confrontación bélica que persiste desde enero pasado en el Catatumbo.
Las cifras del Puesto de Mando Unificado indican que 165 combatientes han optado por la desmovilización: 131 eran disidentes, 5 guerrilleros del ELN y 29 menores de edad.
Dentro de las ZUT quedarán suspendidas las órdenes de captura –incluidas las que tienen fines de extradición– contra los miembros del grupo ilegal. Allá empezarán a desarrollarse proyectos y programas que velen por la reincorporación de los armados.
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La seguridad dentro de la zona y en los perímetros cercanos estará a cargo del Gobierno Nacional. El presidente Gustavo Petro, con su firma, se comprometió a garantizar la protección y los derechos de las comunidades que terminen siendo vecinas del centro de agrupamiento de los armados ilegales.
“En la ZUT se mantendrá en todo momento y lugar la vigencia del Estado Social de Derecho. Las autoridades civiles continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin ninguna excepción”, apuntó el documento.
