Un nuevo cuestionamiento se cierne sobre el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex). Se trata de una denuncia por la aparente pretensión de adjudicar un millonario contrato de tecnología a dedo y saltándose los lineamientos para esa entidad para ese fin.
Le puede interesar: ¿Qué hizo el presidente de Icetex en Suecia en medio de quejas por alza de intereses?
Según denuncia la representante a la Cámara Catherine Juvinao (Alianza Verde), se trata de una contratación por valor de $120.000 millones, para la cual la junta directiva del Icetex pidió celebrarla mediante invitación pública. Sin embargo, dijo la congresista, esta se habría intentado hacer a dedo y “pasándose por encima el manual de contratación de la entidad”.
En ese sentido, Juvinao agregó que el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, “está dispuesto a todo” para adjudicar el contrato. Aseguró que el lunes 22 de septiembre el funcionario le habría pedido la renuncia a la secretaria general, Ana Lucy Castro, por haberse negado a suscribir esa operación y “estaría pidiendo más renuncias de otros integrantes del comité de compras que también se negaron”.
Para la representante, ese contrato de tecnología “no tendría ninguna justificación en medio de la caída de colocación de créditos por parte de la entidad, que pasó de otorgar cerca de 60.000 nuevos créditos al año a solamente 10.000 en 2025”.
Aunque la secretaria Castro no contestó los mensajes de EL COLOMBIANO consultándole sobre esta denuncia, dos fuentes que conocen de cerca los movimientos en el Icetex confirmaron que la denuncia de Juviano, sobre la pedida de renuncia a la funcionaria, es verdad.
Por otro lado, una fuente le aseguró a este diario que el contrato que está siendo la manzana de la discordia en esa entidad es uno que ha estado bajo vigilancia.
Se trata de con proceso que tiene el objeto de “gestionar servicios con atención ágil, flexible y enfoque diferencial para atender a los grupos de interés del Icetex por diversos canales, en aras de tener una interacción continua y constructiva en el marco de la transformación de la entidad”.
La compañía adjudicada es Comware S.A. y tiene un valor de $101.760’124.202. El contrato fue adjudicado en diciembre de 2022, pero tiene un plazo de ejecución de 36 meses (tres años), en los cuales se distribuía el valor por año. En 2023, asignaron $24.138 millones; en 2024, $32.754 millones; en 2025, $35.582 millones, y en 2026, $9.827 millones.
De hecho, un informe de auditoría financiera de la vigencia 2024 de la Contraloría General de la República al Icetex hace unas advertencias sobre ese proceso.
Por ejemplo, el ente de control señaló que “la orden de compra emitida por Comware, no contiene el detalle de los ítems requeridos para la dotación del personal de operación asociado al proyecto”, que “la factura generada por el proveedor (...) no discrimina los ítems adquiridos” y que “el Icetex no aporta documentos anexos que soporte el detalle de la dotación”.
Así mismo, advirtió que “en los archivos contenidos en las carpetas de actas de entrega, marcadas como agosto, la mayoría de documentos corresponden a las entregas realizadas en diciembre de 2023 y no contienen firmas de recibido” y que “en la mayoría de las actas de entrega, no se identifican las cantidades, ni el detalle de la dotación que recibe el usuario final”.
Lea aquí: Icetex suspende subsidio a tasa de interés a estudiantes: créditos subirán de 5,08% a 16,51%
“Los soportes de giros por concepto de nómina por $1.901’958.885 aportados por el contratista no solo incluyen el personal de operación asociado al proyecto, sino también a otros proyectos que no tienen relación con la ejecución de este contrato, lo que imposibilita la revisión de los pagos por tercero para el concepto de nómina”, se lee en el mencionado informe.
En el mismo sentido, manifestó que esa entidad “no emitió respuesta a la observación comunicada en los términos establecidos” y que “los soportes allegados por la entidad, no son suficientes de cara al cumplimiento de los principios de economía, eficacia y eficiencia de la gestión fiscal, debido a que los mismos no dan cuenta, ni permiten corroborar si los valores amortizados corresponden efectivamente a elementos adquiridos, entregados y afectos al proyecto”.
EL COLOMBIANO consultó a la oficina de prensa del Icetex si harían algún pronunciamiento por la denuncia que hizo la representante Catherine Juviano —quien, además, envió un derecho de petición pidiendo las actas de la junta directiva de la entidad, los audios grabados en las sesiones y las actas de las sesiones del comité de compras, entre otros—. Contestaron que se pronunciarán en las próximas horas.
Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.
Regístrate al newsletter