Resulta llamativo que poco o nada se sabe de Andrea Carolina Ramírez Oliveros. Según testigos, su papel en el entramado de corrupción conocido como el caso UNGRD habría sido protagónico, aunque “en cuerpo ajeno”, al menos durante el periodo en que se ausentó del Ministerio de Hacienda por una licencia de maternidad. Ni siquiera esa pausa la apartó del control de una de las actividades por las que hoy seis congresistas son investigados: la entrega de cupos indicativos.
En el Ministerio de Hacienda, Andrea Carolina ejercía como coordinadora de los enlaces legislativos con el Congreso de la República, cargo que mantuvo durante el Gobierno de Gustavo Petro y que ya desempeñaba desde 2012, en la administración del expresidente Juan Manuel Santos.
La funcionaria, al parecer, conocía la “metodología” con la que Gobierno y Congreso operaban para sacar adelante asuntos de interés. En su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia, el exministro de Comercio y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, la señaló “como la persona encargada de poner en marcha esa metodología. Esta consistía en que «los congresistas solicitaban cambios en partidas presupuestales...para que se direccionaran a entidades en las cuales podían otorgárseles contratos a contratistas que dirigían los recursos hacia los congresistas”, se lee en el documento de la Sala de instrucción que formula cargos a seis congresistas.
Sin embargo, cuando fue citada a declarar ante la Corte, Ramírez afirmó desconocer los hechos investigados, es decir, la supuesta trama para entregar contratos a congresistas a cambio de sus votos. Sostuvo que, durante el periodo en que se habrían llevado a cabo reuniones clave entre funcionarios del Ministerio de Hacienda y parlamentarios, ella se encontraba primero de vacaciones y luego en licencia de maternidad. En teoría y sobre el papel, su argumento era válido; pero en la práctica, las pruebas en poder de la Corte apuntan a una realidad muy distinta.
La llegada de María Alejandra Benavides Soto
Las funciones de Ramírez Oliveros en el Ministerio de Hacienda fueron asumidas por María Alejandra Benavides Soto, hoy acogida a un principio de oportunidad con la Fiscalía y una de las testigos clave del caso. Según el expediente, Ramírez se encargó de capacitar y entregar a Benavides información detallada sobre las prácticas que se adelantaban con los congresistas.
Además, incluso estando en licencia, mantenía comunicación constante con Benavides, quien debía informarle de lo que ocurría en el cargo, en particular de las reuniones con los legisladores.
Entérese: Ministro Bonilla autorizó hasta 1,4 billones de pesos en adiciones al presupuesto de la UNGRD de Olmedo López, ¿para qué?
“Una de esas líneas de trabajo (delegadas por Ramírez a Benavides), estaría vinculada con un particular y sigiloso ejercicio de relacionamiento con los miembros del Congreso de la República, que implicaba distribución de montos y la gestión de trámites (proyectos y contratos), que estarían asociados a congresistas o los favorecerían”, señala la Corte Suprema.
El documento del Alto Tribunal añade que “María Alejandra Benavides Soto recibió una matriz que organizaba cierta información de proyectos y contratos, con unas indicaciones específicas para nutrirla; tuvo que adoptar prácticas para garantizar el secreto de la información relativa a esos datos; y mantuvo una constante comunicación con su colega para informarla de novedades y obtener una guía de trabajo permanente”.
Como director de la DIAN, Luis Carlos Reyes obtuvo información sobre esas prácticas y, en un consejo de ministros realizado el 18 de diciembre de 2023, levantó la mano y, dirigiéndose al presidente Gustavo Petro, expuso lo que estaba ocurriendo, frente a todo el gabinete. El mandatario guardó silencio. Quien sí reaccionó fue la entonces consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, que le advirtió: “esas cosas no se dicen en voz alta”.
Pero la historia no terminó ahí. Al finalizar ese consejo, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, se acercó a Reyes y, según su testimonio ante la Corte, le dijo: “Gracias por decir eso, está muy bien que salga a flote. Esa Andrea Ramírez es una extorsionista, porque imagínese: ella les cobra a los congresistas por hacer la gestión”.
Meses después, Reyes acudió a la Fiscalía para dejar constancia y presentar una denuncia formal sobre lo que sabía.
Andrea Carolina trabajó en el Ministerio de Hacienda desde 2012, durante la gestión del entonces ministro Mauricio Cárdenas. Según testimonios, en esa administración se habría conformado un tridente integrado por Cárdenas, Fernando Jiménez, entonces director de Presupuesto, y la propia Andrea, quienes habrían participado del llamado “sistema de entrega de cupos indicativos”.
Esta práctica en el Gobierno Santos fue bautizada también como “mermelada”: asignaciones presupuestales dirigidas a alcaldes, gobernadores o contratistas, por indicación directa de los legisladores.
Desde entonces, se habría diseñado una hoja de cálculo que, durante varios gobiernos, sirvió para sostener un esquema destinado a impulsar los intereses del Ejecutivo en el Congreso. “La persona que siempre ha estado allí es Andrea Ramírez”, relató a este diario una fuente cercana al proceso.
Le puede interesar: Mauricio Lizcano niega vínculos con escándalo de la UNGRD tras compulsa de la Corte Suprema
“Cuando llegó este gobierno y José Antonio Ocampo, fue nombrado ministro, Mauricio Cárdenas le recomendó que mantuviera a Andrea Ramírez en ese cargo y pues es entendible porque ella es la que ha manejado eso desde hace mucho tiempo”, añadió la fuente.
Trascendió además que al parecer “hay personas con mucho poder que están buscando influenciar, que se le mantenga bajo perfil a lo que ella ha hecho. Estas cosas no pasan con desconocimiento de los presidentes”.
“La papa caliente”
Andrea Carolina no es mencionada por Olmedo López ni por Sneyder Pinilla en sus testimonios, ambos exdirectivos de la UNGRD y confesos corruptos, pues para la época en que desde el Ministerio de Hacienda se habrían impartido instrucciones para entregar contratos de la entidad a congresistas, Ramírez ya estaba de vacaciones y el enlace con el Legislativo estaba a cargo de María Alejandra Benavides, quien sí fue mencionada por los exdirectivos.
Fue Benavides quien, según el proceso y por órdenes de su entonces jefe, el ministro Ricardo Bonilla, tuvo la tarea de intervenir en el direccionamiento de tres contratos por un total de 92.000 millones de pesos a favor de un grupo de congresistas.
Los presuntamente beneficiados, hoy investigados por la Corte Suprema, son Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, además del exrepresentante Juan Diego Muñoz. De acuerdo con la investigación, todos habrían emitido conceptos favorables para operaciones de crédito público desde la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), a cambio de contratos gestionados por la UNGRD.
El primero de los contratos era para Cotorra (Córdoba) por 50.000 millones de pesos, otro para El Salado (Bolívar) por 12.356 millones de pesos y el último para Saravena (Arauca) por 30.000 millones de pesos.
Sostiene la Corte que Benavides “debía aprender y adoptar en su trabajo nuevas gestiones, un lenguaje propio y ciertas cautelas en las comunicaciones y el manejo de la información”.
De hecho, en uno de los chats en poder del Corte, Ramírez le sugiere a Benavides descargar la aplicación de mensajería Signal, para una comunicación “más segura”.
María Alejandra B: “El ministro quiere confirmar cuánto fue el año pasada para cada comisión?”
Andrea Carolina Ramírez: “Yo te lo dijo pero no lo puede mencionar en público”.
MAB: “él (Bonilla), quiere que se los diga a él y ya”.
ACR: “Tienes Signal?”
ACR: “Mira Instagram”.
ACR: “Y baja Signal, es una App más segura”.
Para la Corte, Ramírez no solo dejó a Benavides instrucciones claras sobre lo que debía hacer durante su ausencia, sino que además seguía, en tiempo real, cada uno de sus movimientos.
“Benavides Soto recibió dentro de sus nuevas funciones, una tarea especifica relacionada con proyectos o contratos de otras entidades públicas y sobre la que debía dar continuidad a una labor de seguimiento. Aunque la testigo no hizo referencia a las previsiones que hizo a la asesora que la reemplazó sobre el manejo cauteloso de la información, las alusiones a ese sigilo y al uso de canales de comunicación privados y alternos, como la aplicación Signal, corrobora tal situación”, añade la Corte.
Por ahora, Ramírez Oliveros no enfrenta ningún proceso judicial, pues no se ha probado su responsabilidad directa en hechos ilegales. En cambio, María Alejandra Benavides sí afronta un proceso penal y, para buscar beneficios jurídicos, decidió colaborar como testigo en contra de otros presuntos implicados en la red de corrupción que involucra a congresistas y altos funcionarios.
El escándalo, ya provocó la imputación de varios exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro, entre ellos exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. La Fiscalía también anunció que imputará al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señalado por testigos de haber impartido órdenes para el direccionamiento de millonarios contratos. Según el expediente, se trató de un esquema que operó desde el propio Gobierno para asegurar apoyos políticos en el Congreso, y que hoy mantiene bajo la lupa de la Corte Suprema a varios congresistas.
Lea aquí: Sneyder Pinilla envía carta a jueces de Paloquemao para pedir que su audiencia por caso UNGRD sea pública
¿Qué son los cupos indicativos?
Los cupos indicativos saltaron a primera plana con el escándalo de la UNGRD. Los congresistas investigados, al parecer, buscaron beneficiarse con estos recursos a cambio de apoyar las reformas del Gobierno. Sin embargo, tales prácticas están prohibidas por la Constitución y, según el propio Petro, son la forma en que algunos congresistas “chantajean y extorsionan” a los ministros.
El origen de los cupos indicativos se remonta al Gobierno de Andrés Pastrana, cuando Juan Manuel Santos era ministro de Hacienda. Aunque inicialmente se concibieron como un mecanismo para promover el desarrollo regional, pronto se convirtieron en un terreno fértil para la corrupción.
Expertos señalan que, en la práctica, el sistema careció de transparencia. En repetidas ocasiones se denunció que los congresistas no destinaban los recursos a las prioridades de sus regiones y, en algunos casos, se apropiaban de ellos. Con el tiempo, los ministerios de Hacienda y del Interior terminaron utilizando los cupos indicativos como moneda de cambio para negociar la aprobación de reformas legislativas, especialmente las tributarias.
La ironía es que esta práctica ha sido abiertamente cuestionada por el propio Petro, quien la ha denunciado desde 2001. Lo paradójico, según testimonios, es que su propio Gobierno habría recurrido a los mismos métodos. Fue precisamente lo que expuso Luis Carlos Reyes, entonces director de la DIAN, durante el Consejo de Ministros del 18 de diciembre de 2023, sin que su denuncia generara mayor repercusión en ese momento.
La controversia escaló cuando la supuesta asignación de cupos indicativos salpicó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Aunque Petro lo defendió públicamente hasta el final, terminó pidiéndole la renuncia.
El mandatario insistió en que esta práctica se ha repetido durante años.
“Por eso los narcos han hecho leyes, pues solo necesitan dinero para ello. Por eso los asesinos de su propio pueblo han hecho leyes. Por eso la corrupción ha matado tanta democracia y tanta gente”.
Regístrate al newsletter