Los exmilitares colombianos se presentaron ante el Tribunal de Apelación solicitando revocar la formulación de cargos en su contra. Sostienen que son inocentes y víctimas de una trampa.
Cuatro años llevan presos los 17 exmilitares colombianos que fueron capturados por su supuesta participación en el magnicidio del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse. El mandatario fue acribillado a tiros en su casa en Puerto Príncipe, el 7 de julio de 2021.
Tras el tiroteo, la Policía Judicial llevó a cabo un operativo que terminó con la captura de los exmilitares. Estaban justo en la zona, aunque ellos afirman que todo fue una trampa.
El proceso judicial, alegan, no ha sido garantista. No hubo un procedimiento de captura legalizado y tampoco fueron reveladas las pruebas que los vinculaban al homicidio. Aun así, la justicia haitiana los llevó a prisión, en condiciones que vulneraban sus derechos.
O al menos, esos fueron los argumentos que los exmilitares presentaron durante una audiencia ante los magistrados del Tribunal de Apelación de Haití, instancia ante la cual los procesados sustentaron su apelación contra la decisión de un juez de vincularlos al caso como presuntos responsables.
Además de denunciar la violación de sus derechos humanos y la vulneración al debido proceso, los exmilitares narraron las torturas a las que, según ellos, han sido sometidos desde su captura.
“Me golpearon en la cabeza con la trompetilla de un fusil. Durante el interrogatorio, me golpeaban con una grapadora, me golpeaban en los tobillos y en las uñas de los pies”, relató Naiser Franco, uno de los capturados.
Al entregar los argumentos durante la apelación, los exmilitares colombianos coincidieron en que fueron golpeados y torturados física y psicológicamente para que firmaran documentos en los que, al parecer, aceptaban su responsabilidad en los hechos.
“Pasé 27 días esposado las 24 horas del día con otro compañero. Teníamos que hacer nuestras necesidades, como ir al baño, comer y dormir, amarrados como unos perros”, añadió Neiser.
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En su relato, afirmó que los miembros de la Policía Judicial supuestamente le decían que moriría en ese lugar y les dejaban claro que en ese país no había respeto por los derechos humanos.
“Me decían siempre que mi muerte en este país iba a ser lenta y dolorosa, que aquí no había justicia. Y me mostraban fotos de mi familia, ya que sabían dónde vivía en Colombia”, añadió.
Los magistrados también escucharon el relato de Edwin Enrique Blanquizal, otro de los exmilitares capturados. Aseguró que el día de los hechos, el 7 de julio de 2021, cuando la policía lo capturó, lo primero que hicieron fue arrojarlo a una multitud que, despiadadamente, lo atacó con machetes.
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“Me lanzaron hacia la población civil, que me causó veinticuatro machetazos. Tengo ocho machetazos en la cabeza; por eso es probable que aún tenga el cráneo fracturado. Pero acá no hemos contado con garantías para un servicio de salud. Mi familia puede pagar por los exámenes, pero no lo han permitido. Ese día, un policía me salvó al dar un disparo al aire y dispersar a la multitud, pero una vez me subieron a una camioneta, otro policía me fracturó un dedo”, narró.
Todos los capturados tuvieron la oportunidad de presentar sus argumentos. Inicialmente fueron vinculados al caso como supuestos determinadores del magnicidio, sin embargo, ante la ausencia de material probatorio el cargo cambió a conspiradores.
Es justamente la ausencia de pruebas el argumento principal para reclamar su desvinculación del proceso y en consecuencia su eventual liberación.
En Colombia, los familiares de los capturados han hecho enormes esfuerzos económicos para costear abogados que impulsen el proceso, el cual completará cuatro años el próximo mes sin mostrar avances significativos.
A los colombianos, según el relato de sus familiares, los contactó, a cada uno por separado, una empresa de seguridad de los Estados Unidos. La tarea era prestar servicio de seguridad y protección a políticos importantes. Los exmilitares aceptaron sin firmar sin ningún contrato, lo hicieron “de voz y de confianza, y todos se fueron al viaje sin ningún documento firmado, sin ningún pago anticipado ni nada”.
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Una vez en Haití, fueron alojados en un hotel mientras recibían las indicaciones de sus supuestos jefes de los Estados Unidos. Les decían que debían esperar el contrato y las instrucciones sobre a quién debían prestarle los servicios de seguridad.
El día de los hechos, al parecer la empresa americana que los contrató le informó que debían acompañar a la policía haitiana en un operativo de captura. En su relato afirman que les entregaron armas con la marca institucional de la policía de ese país, y que una vez en el perímetro de la casa presidencial, los colombianos son dejados allí y minutos más tarde los capturan.
