El juicio penal al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal avanza hacia su etapa definitiva. Este martes, su abogado defensor, Jaime Granados, dio por concluida la presentación de pruebas testimoniales y documentales con las que busca desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía.
Durante más de un año, la defensa de Uribe llamó a cerca de 70 testigos para argumentar que el exmandatario no incurrió en maniobras ilegales para conseguir declaraciones que lo desvincularan de grupos paramilitares.
El centro del caso es la supuesta presión a testigos presos para que cambiaran su versión o declararan a favor del expresidente, entre ellos Juan Guillermo Monsalve, considerado por la Fiscalía como testigo clave.
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Antes de cerrar su etapa probatoria, Granados incorporó un documento que, según dijo, podría resultar determinante para desmontar la credibilidad de Monsalve. Se trata de un fallo del Juzgado 11 de Ejecución de Penas que negó una solicitud de rebaja de pena presentada por Monsalve, condenado a más de 40 años de prisión por delitos distintos al caso Uribe.
En esa decisión, el juzgado advirtió que no era posible otorgarle el beneficio debido a que Monsalve figura como “jefe” de una estructura criminal, lo cual lo excluye de los requisitos para acceder a una reducción de pena. La sentencia señala además que su historial delictivo y posición dentro de esa organización impiden cualquier tipo de beneficio jurídico.
De acuerdo con Granados, esa solicitud fue presentada por el abogado Miguel Ángel del Río y, según su planteamiento, el trámite habría estado condicionado a que Monsalve mantuviera su testimonio incriminatorio contra el expresidente.
“La evidencia deja ver la gravedad de lo ocurrido y cómo el ocultamiento al juzgado por parte de Monsalve pone en entredicho la credibilidad de su testimonio”, afirmó Granados, quien pidió al juzgado considerar esta prueba como relevante para la valoración del caso.
Añadió que el documento demuestra que Monsalve tenía un interés personal en obtener beneficios judiciales a cambio de su colaboración con la justicia. “Este elemento probatorio sobreviniente demuestra dos cosas fundamentales: primero, que Monsalve ya había recibido de la Fiscalía una rebaja de una cuarta parte de su pena; y segundo, que se trataba de un beneficio considerable si se tiene en cuenta que fue condenado a 44 años de prisión”, explicó el defensor.
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Este documento quedará ahora bajo análisis del juzgado, que deberá emitir fallo antes del próximo 15 de octubre, fecha en la que vence el plazo legal para pronunciarse.
Se prevé que este mismo martes inicien los alegatos finales, en los que tanto la Fiscalía como la defensa tendrán la oportunidad de resumir sus argumentos, valorar las pruebas presentadas y explicar por qué Uribe debe ser condenado o absuelto de los cargos que enfrenta.
El caso tiene su origen en la supuesta estrategia del expresidente para contactar a exparamilitares detenidos en distintas cárceles del país, con el fin de que rindieran declaraciones que lo favorecieran. Para ello, según la acusación, habría delegado a su entonces abogado, Diego Cadena.
