El mensaje que envían algunas decisiones judiciales puede ser contradictorio y hasta desolador. En plena Navidad, la revista Cambio reveló que la Fiscalía, en cabeza de Luz Adriana Camargo, le dio medidas de protección “urgentes” al cuestionado empresario de espectáculos, Ricardo Leyva, en medio de un proceso donde él tiene denunciada a su exesposa, Karen Santos, por extorsión. Se trata de una orden de alejamiento que beneficia a Leyva.
En este caso, la justicia actuó con rapidez para proteger al presunto victimario, pues según impuso el fiscal 175 de Medellín, ahora habrá prohibición total para que Santos contacte directa o indirectamente a Leyva o a su entorno familiar, salvo orden superior, y la canalización de cualquier interacción mediante terceros.
Lo desolador del caso es que Santos denunció a Leyva de un presunto intento de feminicidio. Hace unas semanas, esa misma revista reveló un video en donde Leyva, con cuchillo en mano, la amenaza, dice que la va a matar y la golpea. Desde entonces, poco o nada ha hecho la Fiscalía para proteger la vida de Santos y, en cambio, Leyva resulta protegido.
Esa no fue la única agresión. Durante el matrimonio, Karen Santos denunció que habría vivido situaciones de violencia física y psicológica. En entrevista con Cambio, señaló que recibió golpes tan severos que debió acudir a urgencias y sufrió pérdida parcial de la visión en un ojo.
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Según su relato, Leyva la golpeaba brutalmente, la humillaba, la perseguía con armas blancas y ejercía un control psicológico que la dejó aislada, sin recursos y en riesgo extremo.
El episodio final ocurrió el 17 de julio de este año, día en el que —según ella— Leyva la persiguió con un cuchillo después de romperle el celular al verla grabándolo. Dos estilistas que se encontraban en la casa presenciaron los hechos y llamaron a la administración y a la Policía.
Santos aseguró que, en vez de protegerla, los uniformados llegaron acompañando a Leyva, exigiendo que ella le entregara su celular. “Me dijeron que no me veían heridas”, relató, pese a que estaba huyendo y había denunciado amenazas.
Ante la insistencia, Santos advirtió a los policías que también era ciudadana australiana y que acudiría a instancias internacionales para protegerse. Solo entonces —dijo— la autoridad cambió de actitud y pidió a Leyva retirarse. Esa noche ella empacó lo que pudo y abandonó el lugar sin documentos, sin dinero y sin teléfono, pues su esposo se había llevado su billetera.
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El maltrato no terminó ahí. 15 días después, durante un concierto en Cali en el que Santos trabajaba como líder de producción, Leyva volvió a agredirla en un hotel, hecho que quedó registrado en cámaras, según ella.
Durante años, Santos ocultó las golpizas por miedo. Expresó que Leyva la obligaba a inventar accidentes cuando las heridas requerían atención médica, y que llegó a necesitar cirugías reconstructivas y tratamientos neurológicos por los traumatismos. Hoy, dijo, está perdiendo la visión del ojo derecho a causa de los golpes.
Las amenazas —afirmó— continuaron incluso después de dejar el país. Dijo que Leyva llamó a su hermano, insinuando que podría usar contactos políticos para “destruirlos”. También denunció que se le negó el pago por meses de trabajo y se le intentó quitar la cobertura en salud, pese a las múltiples lesiones y preexistencias derivadas de las agresiones.
Hace unos días, de hecho, se conoció otro caso contra Leyva, quien habría admitido tener fotos y un video íntimo de una mujer. Pero no solo ello: es señalado de supuestamente mostrar el material a terceros y usarlo como amenaza para perjudicar al entonces esposo de ella, a quien consideraba su enemigo.
Este nuevo capítulo agrava aún más el perfil de denuncias en torno a Leyva, el mismo que habría cedido a Armado Benedetti el contrato de leasing habitacional de una vivienda de alto costo en Puerto Colombia y cuya empresa —Ave Fénix Entretenimiento S.A.S.— recibió, semanas después de esa cesión, por parte de RTVC un contrato cercano a los 8.000 millones de pesos para organizar un evento cultural en el marco de la cumbre de la CELAC.
se remonta a hechos que ocurrieron en diciembre de 2021, la tarde en que Natalia Rendón (una asesora de imagen) se encontró frente a frente con Leyva en una de las zonas sociales del Club El Nogal. La mujer llevaba meses intentando confirmar un rumor que circulaba entre socios: que él tenía fotos íntimas suyas, las había mostrado en el club e, incluso, estaba considerando subirlas a redes sociales.
En la conversación, que Cambio dio a conocer el 7 de diciembre, Rendón le preguntó directamente a Leyva si poseía imágenes y videos íntimos suyos. Leyva no lo negó. Por el contrario, según el audio admitió que conserva fotos y “un video íntimo”, que había obtenido a través del polémico publicista Juan José Rendón (JJ Rendón), que las revisó recientemente y que, aunque no las había publicado, sí se las mostró al menos a “una persona” dentro del club.
Durante la conversación, Leyva sostuvo que guarda esas imágenes para “joder” a Guillermo Gutiérrez (quien entonces era el esposo de Natalia), un hombre a quien asegura odiar y contra quien dice estar dispuesto a usar el contenido íntimo de la mujer como herramienta de presión.
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