La Superintendencia Nacional de Salud ordenó al Fondo del Magisterio corregir fallas en la atención a los docentes, relacionadas con retrasos en pagos, entrega de medicamentos y gestión de reclamos.
La Superintendencia Nacional de Salud notificó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) sobre la imposición de una medida cautelar que obliga a corregir, en un plazo máximo de tres meses, las falencias en la prestación de los servicios de salud a los docentes del país.
De acuerdo con la resolución 2025310060008564-6, expedida el 23 de septiembre de 2025, el Consejo Directivo del Fomag deberá presentar en un lapso de cinco días hábiles un plan de contingencia que incluya acciones verificables, cronogramas, responsables y recursos definidos.
Entre los hallazgos señalados por la Supersalud figuran reclamaciones en salud, retrasos en pagos a la red prestadora, problemas en la entrega de medicamentos y deficiencias en la gestión de PQR de los afiliados.
La medida, vigente hasta el 23 de diciembre de 2025, también compromete a la Fiduprevisora S.A., encargada de la administración del Fomag, a ejecutar el plan que sea aprobado, entregar informes semanales, garantizar el flujo de recursos y contratar de manera adecuada la red de servicios de salud.
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“Vemos con buenos ojos este acompañamiento de la Superintendencia, porque nos permitirá seguir tomando acciones efectivas para fortalecer el modelo de salud de los maestros. Es importante destacar que algunas de las fallas señaladas ya se han superado”, aseguró Aldo Enrique Cadena, vicepresidente de Fiduprevisora-Fomag, en un comunicado.
El Fomag sostuvo que las dificultades identificadas por la autoridad de control se han venido atendiendo con acciones recientes, entre ellas la consolidación de 1.181 puntos de dispensación de medicamentos, la apertura de sedes exclusivas para hospitalización y urgencias, el pago de $3 billones a la red prestadora en 2025 y la garantía de libre elección en atención primaria con más de 2.500 prestadores.
Según la Supersalud, estas medidas cautelares son de carácter especial y provisional, y buscan proteger de manera inmediata la vida y la integridad de los docentes y sus familias, así como asegurar la correcta administración de los recursos públicos.
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