A través del Decreto 799 de 2025, firmado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, no será el Consejo de Estado quien conozca las tutelas contra el presidente Gustavo Petro, sino cualquier juez del circuito. De todos modos, se mantiene el control posterior del alto tribunal.
Según el texto del decreto, “las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, así como las actuaciones del presidente de la República (...) serán repartidas (...) a los jueces del circuito o con igual categoría”.
La justificación del Gobierno es que la decisión está orientada a garantizar mayor imparcialidad y desconcentración en la administración de justicia. “Esta nueva regla de reparto contribuye a fortalecer la imparcialidad estructural del sistema judicial”, señala otra parte del decreto.
Sin embargo, el “decretazo” se da en medio de tensiones entre la cabeza del Ejecutivo y las altas cortes. Han ocurrido varios episodios en estos casi tres años de mandato, en los que el jefe de Estado ha cuestionado a la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia o el mismo Consejo de Estado con decisiones que le son adversas a su Gobierno, lo que es un ataque a la independencia de la Rama Judicial.
Puede leer: Montealegre pasó de defender a enemigos de Petro a impulsar Constituyente en su gobierno
El decreto actual modifica uno del 2015, hecho bajo la administración de Juan Manuel Santos, en el que se establecía que las tutelas que se presentaran contra actuaciones del presidente las revisaría, en primera instancia, el Consejo de Estado.
¿Es inconstitucional este nuevo “decretazo”?
El Decreto 799 de 2025 se conoció este lunes pero varias voces ya han señalado que sería inconstitucional.
La abogada Carolina Restrepo dijo que “la competencia judicial no se puede modificar por decreto. Según los artículos 228 y 229 de la Constitución, las competencias de los jueces deben estar definidas por la ley, no por el Ejecutivo. Un decreto reglamentario no tiene la jerarquía ni la fuerza normativa para modificar el reparto de tutelas. Mucho menos cuando se trata de tutelas contra el Presidente de la República”.
Incluso, la abogada de la Universidad Javeriana dice que “el decreto vulnera la separación de poderes” y que “no es un ajuste técnico. Es un acto de defensa política disfrazado de norma. Un intento desesperado por blindar al Presidente frente a la justicia”.
Vea, El Caballo de Troya de Petro:
Regístrate al newsletter