En los últimos meses, la discusión sobre la inasistencia de Iván Cepeda Castro a debates presidenciales se ha vuelto recurrente en el escenario político colombiano. Su ausencia en varios espacios organizados por medios de comunicación y sectores académicos ha generado cuestionamientos desde distintos sectores, tanto políticos como mediáticos.
Uno de los episodios más recientes ocurrió tras un debate sobre energía organizado por Noticias Caracol, en el que el director del informativo, Juan Roberto Vargas, cuestionó en vivo la ausencia de algunos candidatos. “Asistir no es un favor [...] es un deber con la ciudadanía y con Colombia”, afirmó, al referirse a la importancia de estos espacios para contrastar propuestas.
Cepeda había sido invitado, pero informó que no participaría. La situación volvió a poner en el ojo público su postura frente a estos encuentros.
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Hubo una vez un Cepeda al que le importaba quién iba o no a estos encuentros
La controversia adquiere mayor relevancia al revisar el papel que jugó Cepeda durante la campaña presidencial de 2022. En ese momento, el entonces candidato Rodolfo Hernández decidió no asistir a varios debates, especialmente en la segunda vuelta frente a Gustavo Petro.
La decisión generó una fuerte reacción desde distintos sectores políticos, incluyendo el del propio Cepeda. En un pronunciamiento del 2 de junio de 2022, el senador fue enfático en señalar que Hernández estaba “rehuyendo el debate” y que hacía “hasta lo imposible para evitarlo”, al imponer condiciones y dilatar su realización.
Ese contexto, estuvo acompañado de acciones jurídicas y presiones públicas. Incluso, se promovieron solicitudes ante autoridades electorales para obligar al candidato a asistir a debates, bajo el argumento de garantizar el derecho ciudadano a votar de manera informada.
La discusión sobre la asistencia a estos espacios no es exclusivo de un candidato. Expertos han señalado que se trata de una tensión constante entre estrategia política y calidad democrática.
Organizaciones como la Misión de Observación Electoral han insistido en que los debates permiten a los ciudadanos evaluar no solo propuestas, sino también la capacidad de reacción de los aspirantes ante preguntas complejas. Sin embargo, también han reconocido que la legislación colombiana no obliga plenamente a los candidatos a asistir, lo que deja la decisión en el terreno estratégico.
En la campaña de 2022, por ejemplo, tanto Hernández como Petro se ausentaron de distintos debates en momentos clave, lo que demuestra que la práctica no responde a una sola corriente política.
¿Por qué Iván Cepeda no va a los debates?
Frente a los cuestionamientos actuales, Cepeda ha explicado que no se opone a los debates en sí, sino a ciertas condiciones en las que estos se desarrollan. En declaraciones recogidas en medios, el senador ha señalado que está dispuesto a debatir con reglas claras y centrado en propuestas.
“No me voy a prestar a insultos [...] no me interesa ese lodazal en el que se ha convertido la política”, señaló, al justificar su decisión de no participar en algunos encuentros.
Esta postura ha sido interpretada por sus críticos como una evasión, mientras que sus defensores la ven como un intento de elevar el nivel del debate público.
¿Qué dicen las personas que critican a Iván Cepeda por no ir a los debates?
Desde sectores de oposición han surgido múltiples cuestionamientos. Figuras como la congresista Katherine Miranda han señalado que la ausencia en debates puede interpretarse como una falta de respeto hacia los ciudadanos, al limitar el acceso a información clave sobre los programas de Gobierno.
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En la misma línea, el concejal de Bogotá Julián Uscátegui Pastrana publicó un video en el que comparó directamente las críticas que Cepeda hizo en 2022 con su comportamiento actual, señalando lo que considera una incoherencia.
Asimismo, analistas como Hernán Tena han retomado declaraciones pasadas del senador para evidenciar lo que describen como un cambio de postura frente a los debates.
La controversia también ha llegado al plano jurídico. En abril de 2026 se presentó una acción de tutela que busca obligar a Cepeda a asistir al menos a dos debates antes de la primera vuelta presidencial.
El argumento central de los demandantes es que la ausencia en estos espacios genera una “asimetría de información” que afecta el derecho de los ciudadanos a tomar decisiones informadas.
Este tipo de acciones no es nuevo. En 2022, iniciativas similares se promovieron contra Rodolfo Hernández, aunque su impacto fue limitado en la práctica. Esto refuerza la idea de que el debate sobre la obligatoriedad de estos espacios sigue abierto en Colombia.
La discusión ha trascendido a los candidatos individuales y ha involucrado a diferentes actores del escenario político. Incluso, se han recordado declaraciones pasadas del hoy presidente Gustavo Petro, quien en su momento afirmó que un candidato que se niega a debatir puede representar un riesgo para la democracia.
Estas posturas han sido retomadas en el contexto actual para cuestionar la coherencia dentro de distintos sectores políticos, especialmente cuando se comparan con las decisiones de campaña de 2026.
Más allá de los señalamientos, el caso de Iván Cepeda pone sobre la mesa una pregunta más amplia: ¿hasta qué punto la ausencia en debates responde a una estrategia legítima de campaña y cuándo se convierte en una contradicción política?
La historia reciente muestra que candidatos de distintas corrientes han optado por no participar en estos espacios cuando consideran que el costo político de hacerlo es mayor que el beneficio. No obstante, también evidencia que esa decisión suele generar críticas, especialmente cuando contrasta con posiciones defendidas en el pasado.
A pocas semanas de las elecciones presidenciales de 2026, la discusión sobre los debates sigue en vilo. Mientras algunos sectores insisten en la necesidad de hacerlos obligatorios, otros defienden la libertad de los candidatos para definir su estrategia de campaña.
Lo cierto es que, en medio de esta tensión, los debates continúan siendo un punto clave para medir la calidad del ejercicio democrático. Y, como lo demuestra el caso de Cepeda, también un escenario donde la memoria política y las redes sociales juegan un papel determinante.
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