El senador Iván Name y el representante Andrés Calle serán juzgados. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema los llamó a juicio por su aparente participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
Ambos congresistas ya están imputados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor propio. El expediente señala que recibieron un soborno –de dineros de la Ungrd– a cambio de favorecer la agenda legislativa del Gobierno. Los hechos ocurrieron cuando ambos ocupaban las presidencias del Senado y la Cámara.
“Luego de una labor investigativa que incluye declaraciones y pruebas técnicas, la Sala consideró que hay indicios suficientes para llevar a juicio a los procesados”, añadió la Sala en un comunicado.
Ambos congresistas se encuentran privados de la libertad y recluidos en la cárcel La Picota, tras ser vinculados a un presunto esquema de sobornos al interior de la UNGRD. Según los testimonios recogidos por la Fiscalía, Name y Calle habrían recibido 4.000 millones de pesos a cambio de respaldar políticamente al Gobierno en el trámite de varias reformas legislativas.
Las declaraciones que los comprometen hacen parte del principio de oportunidad firmado por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, también exfuncionario de esa entidad, quienes señalaron a ambos congresistas como supuestos beneficiarios de los recursos desviados.
Name y Calle son investigados por su presunta participación en los delitos de cohecho propio y peculado por apropiación, que según el Código Penal colombiano contemplan penas de entre 3 y 6 años de prisión en el primer caso, y de 4 a 10 años en el segundo, dependiendo de la cuantía del daño y la gravedad de la conducta.
Ambos legisladores han negado rotundamente los cargos, asegurando que las acusaciones se basan en falsos testimonios. Sin embargo, el magistrado Francisco Farfán, ponente del proceso, concluyó que hay suficiente material probatorio incluidos documentos, interceptaciones y múltiples testimonios.
Según la investigación, Name habría recibido $3.000 millones de pesos en sobornos de manos de su entonces amiga y aliada política, Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones. A cambio, el senador se habría comprometido a respaldar reformas del Ejecutivo y a facilitar el nombramiento de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.
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