Un grupo de 18 instituciones de la sociedad civil enviaron una carta abierta al presidente Gustavo Petro. En la misiva advierten de los riesgos y los límites constitucionales que traspasaría el jefe de Estado con su intención de convocar a la consulta popular vía decreto.
“Expresamos nuestra profunda preocupación ante el anuncio del presidente de la República de convocar una consulta popular nacional mediante decreto, a pesar del concepto negativo, plenamente legítimo, del Senado de la República”, señalaron las instituciones.
La cuestión es la siguiente: el Gobierno insiste en que la plenaria del Senado no se pronunció de fondo sobre la convocatoria a consulta y por eso afirma que le queda el recurso de convocar al mecanismo mediante el uso del decreto. Mientras que un concepto del Legislativo asegura que el proceso culminó cuando 49 senadores votaron por el NO y 47 por el Sí en el llamado a consulta.
Por esta razón, el presidente Gustavo Petro afirmó que convocará a la consulta popular mediante un decreto que está a punto de ser emitido desde la oficina jurídica de la Presidencia. Están ultimando detalles.
“Una convocatoria como la anunciada por el Gobierno Nacional vulnera abiertamente el procedimiento constitucional y legal, que establece la aprobación previa del Senado como requisito habilitante para una consulta popular de origen gubernamental”, apuntaron las instituciones.
La carta está firmada por el Cerac, Anif, Eafit, Proantioquia, Transparencia por Colombia, Corlide, PROBOGOTÁ, la Fundación Corona y otras instituciones.
“Además, constituye un abuso y desnaturalización del propósito del mecanismo de participación ciudadana”, apuntaron los miembros de la sociedad civil.
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Las instituciones pidieron al Gobierno no avanzar con la intención de firmar el decreto para convocar a la consulta. Afirmaron que un avance en ese sentido quebranta la separación de poderes y el marco constitucional vigente.
“Exhortamos a las altas Cortes —particularmente a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado— a reafirmar la supremacía de la Constitución de 1991 y a proteger, con claridad y decisión, los principios que impiden la concentración del poder y garantizan el equilibrio institucional. Para esto, deben aplicar las normas constitucionales y las leyes específicas que regulan el procedimiento para convocar consultas populares en Colombia. Y, si lo consideran oportuno, deben decretar medidas cautelares y de suspensión provisional para garantizar la estabilidad institucional de Colombia”, añadieron.
