El presidente Gustavo Petro celebró la conciliación en el Congreso del texto de la reforma laboral y, con ello, afirmó que desistirá de convocar a la consulta popular vía decreto. Sin embargo, adelantó que alistará una papeleta para convocar a la ciudadanía a un proceso de Asamblea Constituyente.
Tras el anuncio del presidente Petro, el exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez advirtió en entrevista con Blu Radio que actualmente ya no es posible, ni legal ni constitucionalmente, convocar una Asamblea Constituyente por medio de una “octava papeleta”, explicando que esa figura ya no existe en el país.
“En primer lugar, lo de las papeletas ya no existen. El trámite del año 90 con la séptima papeleta consistió en que en el mes de marzo iba a haber unas elecciones, en ese momento no se usaba el tarjetón como ahora, sino una papeleta. Entonces se sacó un decreto, un decreto de estado de sitio, que la Corte Suprema luego lo avaló en votación dividida para decir que la Registraduría podría ejecutar una séptima papeleta para que los colombianos dijeran si podían cambiar o no la Constitución”, explicó el exministro Gómez Méndez.
Aclaró además que con la Constitución de 1991 quedó establecido que la única forma de cambiar la Constitución era con una Asamblea Nacional, pero no convocada por el jefe de Estado, sino por una ley en el Congreso. “Yo no sé quién le pudo decir al señor presidente que hoy, en el año 2021, puede un presidente por decreto desencadenar un proceso constitucional (...) No hay ninguna posibilidad de hacerlo, ninguna posibilidad de hacerlo con una introducción, en este caso habría que decir no una papeleta, digamos, un tarjetón adicional hoy no, no es posible. Tiene que ser una ley del Congreso”, explicó el exministro Gómez.
El nuevo mecanismo que evoca el presidente, en todo caso, deberá volver a pasar por el control del Legislativo.
“Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria, el poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano que es el pueblo”, apuntó el presidente Petro.
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Con ello dio por finalizada una discusión jurídica que tenía crispado el ambiente político con los distintos poderes. Magistrados, congresistas y hasta el registrador se habían opuesto a las maneras en la que el presidente pretendía convocar al mecanismo de participación ciudadana. Coincidían en que el jefe de Estado se había saltado una decisión del Congreso: que ya ehabía negado en plenaria del senado la convocatoria a consulta.
