La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preliminar en contra de los ministros del gabinete de Gustavo Petro que firmaron el decreto para convocar la consulta popular.
La decisión se tomó “en virtud de una queja presentada por varios ciudadanos”, según comunicó el Ministerio Público. Dentro de esos reclamantes están Alberto Boek, Cristina Plazas Michelsen y el concejal de Bogotá, Daniel Felipe Briceño, quienes han asegurado que dicho decreto “vulnera el principio de legalidad, desnaturaliza los límites constitucionales de la participación política y afecta la separación de poderes”.
Dentro de las medidas tomadas por la Procuraduría, se ha decidido solicitar al Senado de la República que le remita a esa entidad el informe sobre el trámite que se le dio a la propuesta de convocatoria de consulta popular radicada por el Gobierno Nacional el 1 de mayo y votada el 14 del mismo mes.
También pidió la copia de la decisión de tutela del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá que amparó los derechos de la senadora Maria José Pizarro, una de las proponentes del proyecto.
Otra de las solicitudes de la PGN fue dirigida a la Presidencia, a quien le pidió que le remita al Ministerio Público los soportes, estudios y análisis que le sirvieron como fundamento para expedir el decreto firmado ayer miércoles en la ciudad de Cali.
Dentro de los investigados no estaría la canciller Laura Sarabia, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma; la ministra de Medio Ambiente, Yanina Estrada y el recién nombrado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quienes no firmaron el documento.
