Con la firma de cinco de los 14 senadores de la Comisión Séptima de la cámara alta, este lunes fue radicada la ponencia positiva de la reforma a la salud, que aterriza en tercer debate justo en la recta final de la legislatura que concluirá el próximo viernes.
El documento cuenta con el respaldo de los senadores Martha Peralta, Ferney Silva y Wilson Arias, todos del Pacto Histórico, sumado a las firmas de Fabián Díaz Plata (Alianza Verde) y Ómar de Jesús Restrepo (Comunes).
“Ya estamos listos para iniciar el debate en la Comisión Séptima de Senado. Seguiremos comprometidos con la búsqueda de consensos que hagan posible una transformación real de nuestro sistema de salud”, destacó Peralta.
El proyecto llega a la Comisión Séptima justo a días de que concluya el periodo legislativo ordinario. Por ello, se espera que arranque la discusión del proyecto en ciernes a partir del 20 de julio, cuando arranca el último año legislativo. Previamente, la Comisión adelantó audiencias públicas y mesas técnicas alrededor del proyecto.
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De esta ponencia positiva, hasta ahora, se apartó el grupo de nueve congresistas que en abril de 2024 hundió la primera versión de la reforma. De este grupo hacían parte congresistas del Partido Conservador, Liberal, MIRA, Colombia Justa y Libre, Centro Democrático, La U y Alianza Social Independiente (ASI).
En marzo pasado se aprobó, en segundo debate, la reforma a la salud del Gobierno del presidente Gustavo Petro en la plenaria de la Cámara de Representantes. El articulado —compuesto por 62 artículos, como quedó en la ponencia discutida— fue aprobado con 90 votos por el sí y otros 28 por el no.
Ese fue el segundo de cuatro debates que este proyecto de ley debe superar en el Congreso para ser aprobado y sancionado como ley de la República. Esta versión 2.0 de la reforma fue radicada por el ministro del ramo, Guillermo Alfonso Jaramillo, en septiembre del año pasado y en menos de cuatro meses ha sido discutida en sesiones ordinarias y extraordinarias.
Cabe recordar que la primera versión que impulsó el Gobierno de este proyecto también pasó sus dos primeros debates en comisión y Plenaria, pero luego sucumbió en la plenaria del Senado.
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Esta segunda versión llegó al Congreso luego de que el ministro Jaramillo logró un acuerdo con seis entidades promotoras de salud (EPS) del régimen subsidiado a finales de abril de 2024 y en medio de dos órdenes judiciales de la Corte Constitucional que lo obligaron a convocar mesas técnicas para ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) (dinero que le da el Estado a las EPS para la atención médica de los usuarios) y a pagar deudas de los presupuestos máximos (dinero para pagar los servicios de salud no incluidos en el plan de beneficios en salud).
Sin embargo, a finales de abril pasado se conoció un proyecto decreto que alista el Ministerio de Salud para darle un revolcón al sistema de salud en Colombia.
En primer lugar, el decreto institucionaliza el “Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo” que promueve el Gobierno de Gustavo Petro como una política en salud para los habitantes del territorio colombiano. En esa línea, se precisa que el nuevo modelo se fundamentará en la atención primaria en salud (APS) con miras al “cuidado integral e integrado de la salud de las personas, familias y comunidades en los territorios”.
El modelo, dice el decreto, le apuesta a fortalecer la gobernanza y la gobernabilidad territorial en salud, así como garantizar el cuidado integral de la salud en el contexto de redes integrales e integradas territoriales de salud (RIITS). A ello se suma el trabajo digno y decente para el personal de salud; la soberanía sanitaria y gestión del conocimiento, y el Sistema Unificado de Información en Salud.
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En el caso de las RIITS, se precisa que serán “el conjunto de prestadores de servicios de salud públicos, privados y mixtos y proveedores de tecnologías en salud que se articulan y coordinan de manera armónica y secuencial para asegurar el acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud”.
El nivel primario, esos RIITS estarán conformados por prestadores de servicios de salud con servicios de baja complejidad y servicios básicos de mediana complejidad, que se organizan funcionalmente en Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). “En este nivel se integran los equipos de salud territorial y los planes, programas y estrategias para la respuesta a eventos o condiciones de interés en salud pública”, señala el decreto.