Este mes se presentaron los resultados de la Encuesta de Competitividad Farmacéutica e Inversión (BCI) 2025, un estudio realizado entre la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (FIFARMA) y Pugatch Consilium. Este análisis, que evalúa la competitividad de los países para atraer inversiones del sector biofarmacéutico e impulsar la innovación en salud, subraya la creciente disparidad en las capacidades económicas para fomentar el desarrollo de este sector.
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El BCI 2025 examina cinco pilares fundamentales para analizar: capacidad científica y de investigación, eficiencia regulatoria, entorno para la investigación clínica, acceso al mercado y financiamiento y protección de la propiedad intelectual. Estos elementos le permiten medir el grado de atracción que tienen los países para los inversionistas en el sector de la salud. El estudio revela una serie de desafíos persistentes que afectan la confianza de los inversionistas y limitan el crecimiento a largo plazo de los mercados biofarmacéuticos.
Latinoamérica, según los resultados, enfrenta un rezago considerable en comparación con economías más desarrolladas, como Singapur e Israel, con una diferencia que llega al 75–85 %. El promedio de competitividad en la región se ubica en un 59 %, una cifra que refleja un avance limitado en los últimos años. Si bien países como Costa Rica, Chile y México lideran con puntajes entre el 65 % y 70 %, otros, como Ecuador y Colombia, se encuentran por debajo del 55 %.
Uno de los aspectos más alarmantes del estudio es la alta disparidad en el acceso a medicamentos innovadores en América Latina. El informe de FIFARMA y IQVIA revela que, de más de 400 medicamentos aprobados mundialmente entre 2014 y 2024, solo el 44 % están autorizados en algún país latinoamericano y apenas el 33 % está disponible en los sistemas públicos de salud. Este déficit muestra la falta de acceso a tratamientos que podrían mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes.
En ese sentido, la directora ejecutiva de FIFARMA, Yaneth Giha, comentó que “en América Latina hemos avanzado en capacidades, pero necesitamos una transformación real en lo que respecta al financiamiento, el acceso y la protección de la innovación. Es preocupante que hoy los pacientes en la región deban esperar entre 5 a 6 años para acceder a un tratamiento innovador”.
El informe también arrojó un panorama desafiante para Colombia. Y es que el país registró una disminución del 3 % en su puntuación general respecto a 2017, pasando del 56 % al 53 % en 2025. Si bien el país sigue siendo uno de los actores importantes en Latinoamérica, se encuentra en una situación compleja, pues ninguna de las categorías evaluadas sobresale como una fortaleza clara. Aun así, las áreas con mejor desempeño fueron investigación clínica (63 %), seguido de acceso al mercado y capacidades científicas (54 %), sistema regulatorio (50 %) y protección de la propiedad intelectual (44 %).
Expertos apuntan a que estos datos reflejan deficiencias estructurales en las políticas públicas colombianas, que han erosionado el ecosistema de la propiedad intelectual y aumentado la percepción de hostilidad hacia la innovación farmacéutica. En ese sentido, el estudio señala que la disposición de emitir licencias obligatorias socava la efectividad de las patentes y podría desincentivar nuevas inversiones en el sector.
Un dato significativo en el caso colombiano es que, a pesar de contar con un mercado farmacéutico que alcanzó ventas superiores a los 4.900 millones de dólares en 2021, la nación ocupa el penúltimo lugar en el ranking regional. Esta contradicción entre su potencial de mercado y su capacidad para atraer inversiones en el sector, dice la investigación, refleja una desconexión preocupante que debe ser abordada de manera urgente.
En ese sentido, los especialistas que realizaron el ranking coinciden en que para avanzar hacia un ecosistema biofarmacéutico más competitivo es importante implementar reformas estructurales que aborden los cinco pilares de la competitividad. Entre las acciones recomendadas se incluyen la modernización del sistema regulatorio, la mejora de la protección de la propiedad intelectual y el fortalecimiento de los mecanismos de acceso al mercado para alinearlos con estándares internacionales.
Por otro lado, se subraya la importancia de fomentar alianzas público-privadas que impulsen la investigación y el desarrollo, al tiempo que se promueve la inversión en ciencia y tecnología; así mismo, se mencionó que la creación de un entorno más favorable para la innovación es clave para transformar los sistemas de salud y garantizar que los avances lleguen a los pacientes de manera oportuna.
Al respecto, el presidente ejecutivo de Afidro, Ignacio Gaitán, señaló que “construir sistemas de salud equitativos y sostenibles exige un entorno que incentive la inversión y la innovación biofarmacéutica. Los resultados de este estudio nos muestran que aún tenemos mucho trabajo por hacer”.
Finalmente, el informe del BCI 2025 expone la necesidad de una transformación estructural y coordinada en los países de América Latina. Por eso, señala que una estrategia adecuada debe considerar los desafíos actuales y aprovechar el potencial de la región para avanzar a un futuro más competitivo y equitativo para el sector biofarmacéutico y salud.
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