La Corte Constitucional le ordenó esta semana al Ministerio de Salud informar sobre los resultados y avances alcanzados para un desembolso más ágil por parte de las EPS a sus prestadores de servicios de salud. Esto lo hizo luego de no encontrar que un decreto de 2024 expedido por esa cartera contribuyera a mejorar el pago de recursos en el sector a través del giro directo.
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Según el alto tribunal, se comprobó, por el contrario, la existencia de múltiples alertas comunicadas por diferentes fuentes que dan cuenta de una problemática estructural que ha ido forjando una crisis generalizada en el sistema.
Vale recordar que el giro directo es el mecanismo con el que se reconocen recursos por concepto de UPC (unidad de pago por capitación, que son los recursos para el sistema) a las EPS del régimen contributivo y otras entidades que presten servicios de salud y provean tecnologías en salud.
En ese sentido, esa institución determinó que no se ha culminado el pago de los recursos aprobados con ocasión del Acuerdo de Punto Final. Este es una norma que estableció que se pagarían a las EPS todos los valores pendientes de la prestación de servicios y tecnologías en salud hasta diciembre de 2019 para evitar la acumulación de deudas en las EPS y las IPS (instituciones prestadoras de servicios de salud).
Al respecto, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 (que es la que reconoció la salud como derecho fundamental), evidenció que en el régimen contributivo la Adres (Administradora de Recursos de Salud) suscribió más de 1.000 contratos de transacción, pero no se ejecutaron los “$368.000 millones aprobados” que refiere esa cartera en 2022.
La Corte señala sobre eso que, al transcurrir aproximadamente un año y medio, se pagó menos del 50 % del dinero mencionado.
Por su parte, en el régimen subsidiado, el ministerio reportó sobre el estado de las obligaciones pendientes que los pagos disminuyeron la deuda y que se realizaron pagos en las vigencias de 2022, 2023 y 2024. Sin embargo, la alta corte concluyó que la información presentada era confusa, lo que impidió determinar con precisión el valor real pendiente de pago.
Entre tanto, la corporación judicial advirtió que el Minsalud señaló que el sistema de monitoreo del abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos continúa en desarrollo y se implementará una herramienta informática que permita sistematizar la recepción de alertas por parte de los actores del sistema, así como diseñar un componente preventivo.
Ante esto, la Sala Especial declaró que hay dos niveles de cumplimiento. Uno lo calificó como bajo en cuanto a los subcomponentes del mecanismo para agilizar el desembolso de recursos; el desarrollo del sistema de monitoreo del abastecimiento de medicamentos y dispositivos; el pago de recursos aprobados con el Acuerdo de Punto Final, así como en la entrega de informes, pues no se reportaron resultados.
El segundo lo calificó como medio porque en el saneamiento de la cartera del Acuerdo de Punto Final de las EPS del régimen subsidiado se adoptaron medidas que acreditan resultados.
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