El ente acusador, además, afirmó que el testimonio que ha entregado Ortiz hasta ahora se basa en información confusa, contradictoria y que no se sustenta en evidencias que corroboren sus afirmaciones.
A Sandra Ortiz –exconsejera presidencial para las regiones y salpicada en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (Ungrd)– le rechazaron la solicitud de acceder a “inmunidad penal total” a cambio de contar la verdad sobre su participación en el entramado.
“La defensa de la procesada ha solicitado inmunidad penal total a través de la celebración de un principio de oportunidad, pretensión que ha rechazado el equipo de fiscales”, señaló la Fiscalía en un comunicado.
Desde que la exconsejera fue salpicada en el escándalo, viene trabajando en un acercamiento con la justicia. La pretensión era cambiar su testimonio y entregar material probatorio a cambio del recibir el beneficio judicial.
La Fiscalía insistió que no es posible entregarle la “inmunidad total” debido a la gravedad de los delitos por los que está imputada y, además, privada de la libertad: lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
El ente acusador, además, afirmó que el testimonio que ha entregado Ortiz hasta ahora se basa en información confusa, contradictoria y que no se sustenta en evidencias que corroboren sus afirmaciones.
“Ante esta situación, la exfuncionaria manifestó que revelaría públicamente los términos de los acercamientos y los detalles que dice conocer sobre el entramado de corrupción, lo cual hace bajo su responsabilidad y sin que ello comprometa a la Fiscalía en el marco de la justicia premial”, puntualizó la Fiscalía.
Entre las pruebas contra la exfuncionaria están los delicados testimonios de exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla en los que señalaron a la exconsejera como una pieza clave en el entramado para que en octubre del 2023, se desviaran los fondos destinados a la atención de desastres en departamentos como La Guajira.
Según la Fiscalía, los dineros corresponderían al pago de coimas para dar trámite a reformas del Gobierno Petro que debían ser aprobadas por el Congreso de la República.
En el expediente señalan a Ortiz como la funcionaria de entregar 3.000 millones de pesos al senador Iván Name (expresidente del Senado) por aparente orden del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González. Las entregas se habrían realizado en dos partes en un lujoso apartamento del edificio Basell I de Bogotá.
El testimonio de Ortiz es clave en la medida que puede testificar contra los demás implicados en este entramado de corrupción y de desvío de recursos públicos.
