La excanciller Laura Sarabia fue una de las que más cargos ocupó en los casi tres años del gobierno Petro: la jefatura de despacho presidencial, jefatura de gabinete, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y ministra de Relaciones Exteriores.
Durante este tiempo, la joven politóloga de 31 años ha sido prudente en sus pronunciamientos. Pero este fin de semana concedió una entrevista a la periodista Cecilia Orozco en un formato para la Revista Raya en la que habló no solo de su salida como canciller por el lío de los pasaportes sino de otros episodios de su paso por el Gobierno como la pelea con el ministro Armando Benedetti que empezó desde 2023.
“Desde lo personal, en medio de todo esto, decidí perdonar a Armando Benedetti, personalmente. Eso no tiene nada que ver con las investigaciones. Las investigaciones andarán y tendrán que concluir con algo, pero yo sí quise liberarme de ese peso y perdonar a Armando Benedetti. Finalmente, él y yo recorrimos para bien o para mal un camino largo”, dijo la excanciller.
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Frente a una salida pública de “reconciliación” reciente a principios de junio en Cartagena en el encuentro de Asobancaria, Sarabia dijo que “muchos se preguntaban por qué decidimos hacer las pases. Y es porque antepusimos nuestras funciones como ministros. La gente está cansada de ver pelea a la gente”, agregó.
El origen de la pelea entre Benedetti y Sarabia
Sarabia ha estado envuelta en varios escándalos. La acusan de haber tenido más poder del que debería y de tener influencia directa sobre el jefe de Estado. Pero también se le reconoce disciplina y capacidad de trabajo.
Esas virtudes beneficiaron al exsenador Armando Benedetti que la llevó a la campaña de Gustavo Petro en 2021 y el entonces candidato lo notó rápidamente y la incorporó a su equipo. Cuando el mandatario asumió el poder ella se volvió indispensable y Benedetti, por sus problemas judiciales, terminó de embajador en Caracas, unas oficinas que estaban en el peor de los estados físicos y diplomáticos.
El lío de los pasaportes
El problema, frente a lo que viene, es que la Imprenta Nacional no tendría la capacidad en el corto plazo de realizar esa compleja tarea, según le informó el propio Ministerio de Relaciones Exteriores a la Procuraduría en documento enviado el 25 de junio. Allí se señala que se necesitan por lo menos 35 semanas de empalme y capacitaciones y que los tiempos no dan, pues el contrato con TGAS termina el 31 de agosto.
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En Presidencia confían, según dijo Saade, en que TGAS deberá dejar 600.000 libretas de pasaporte, lo que le daría al Gobierno entre cinco y seis meses de maniobra mientras se hace el empalme para garantizar la elaboración de los documentos que deben cumplir con estándares internacionales de calidad. Funcionarios de la Cancillería dijeron bajo reserva que no saben de dónde sale esa cifra.
El lío va más allá, pues Saade ni ningún funcionario de Presidencia puede tomarse atribuciones legales para expedir pasaportes, pues lo debe hacer el Fondo Rotatorio de la Cancillería.
El presidente, empecinado y sin un plan sensato, terminará buscando a cualquier funcionario que obedezca sus instrucciones sin importarle la improvisación y los riesgos ya no solo jurídicos sino prácticos para millones de colombianos que necesitan el pasaporte como un documento obligatorio para salir del país.
Según conoció EL COLOMBIANO con altas fuentes de la Cancillería, hay otra preocupación que ronda por los pasillos del Gobierno: el famoso stock (inventario) de las libretas, chips biométricos, hojas y otros elementos necesarios para fabricar un pasaporte con los estándares exigidos internacionalmente.
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Resulta que hasta la semana pasada, cuando renunció Laura Sarabia como canciller, ya había solo 300.000 libretas y en menos de cuatro días se utilizaron aproximadamente 20.000. Desde este lunes hasta cuando termina el contrato con TGAS, habría una reserva de 280.000 pasaportes.
En cálculos de varios funcionarios, el material que queda daría para garantizar el servicio durante 21 días hábiles, es decir mediados de agosto. Las alertas están encendidas y en el alto Gobierno están buscando todo tipo de soluciones.
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