El expresidente Álvaro Uribe Vélez quiere que el proceso que avanza en su contra –y que lo condenó en primera instancia por fraude procesal y soborno en actuación penal– no tenga vencimiento en el tiempo.
Así lo hizo saber el mandatario a través de una carta que radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá y en donde dejó claro que su intención es que el proceso judicial no se quede en el alambrado de la prescripción.
La manifestación del exmandatario es clave. Pues los magistrados de la Sala Penal del Tribunal tienen plazo hasta el 16 de octubre para tomar una decisión de segunda instancia frente al fallo que profirió el 1 de agosto la jueza Sandra Liliana Heredia.
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“La prescripción de la acción penal, que nunca he buscado y de la que no quiero beneficiarme, no puede privarle la oportunidad a la Sala de tener las condiciones materiales mínimas para proferir un fallo que, independientemente de su sentido, sea el resultado de un análisis sereno, ponderado e integral de la prueba”, apuntó el exmandatario.
Álvaro Uribe Vélez, al menos en el fallo de primera instancia, fue encontrado culpable de cometer los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal. Fue condenado a 12 años en prisión domiciliaria, estará inhabilitado 100 meses para ocupar cargos públicos y tendrá que pagar una multa de 2.420 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Para la jueza de primera instancia, quedó probado que Uribe Vélez no fue víctima de un complot judicial —como él mismo sostuvo— , sino que fue el determinador de una red que intentó manipular testigos a su favor y, de paso, perjudicar al senador Iván Cepeda.
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El delegado de la Procuraduría y la defensa del expresidente apelaron el fallo al considerar que la jueza no brindó todas las garantías al acusado y que tomó la decisión de manera “sesgada”.
“Pido entonces, Honorables Magistrados, acepten, en los términos del artículo 85 del Código Penal, la renuncia que hago al derecho de verme favorecido por la prescripción de la acción penal y que adopten, en mí caso, la decisión de fondo que en derecho corresponda, conforme sólo a lo probado en juicio, a lo que ordena la ley y lo que sea justo”, apuntó Uribe.
La defensa del expresidente Uribe ya logró que –también el Tribunal– revocara mediante fallo de tutela la decisión que mantuvo privado de la libertad al líder natural del Centro Democrático por 19 días.
El exmandatario, libre y sin la eventual presión de que se acerque un fallo en su contra, puede realizar las actividades de proselitismo de cara al impulso de las cinco precandidaturas del Centro Democrático para las elecciones presidenciales del próximo año.
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“Ni más faltaría que el expresidente Álvaro Uribe no hubiera hecho una operación de sumas y restas”, dijo el senador Iván Cepeda, víctima acreditada en este caso.
Ahora será el Tribunal Superior de Bogotá quien decida si acoge o no la solicitud de Uribe de no prescribir el proceso.
¿Quiénes son los magistrados que resolverán en segunda instancia?
Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Pinto son los tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que tendrán la misión de revisar el fallo y emitir un nueva sentencia de segunda instancia.
Fueron seleccionados por las reglas del reparto y ya conocen el caso. Así mismo, fueron quienes dieron trámite cuando se recusó a la juez Sandra Heredia o cuando alguna de las partes presentó una tutela para proteger alguna garantía procesal. Tienen hasta mediados de octubre para emitir un nuevo fallo, antes de que el proceso se quede en el alambrado de la prescripción.
Lea aquí la carta completa:
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