Tener una visa vigente o incluso la residencia permanente legal —conocida como la “green card”— no garantiza inmunidad frente a una deportación en Estados Unidos.
La ley estadounidense contempla varios escenarios en los que una persona con estatus migratorio legal puede ser expulsada del país.
En algunos casos, las causas están relacionadas con delitos o fraudes; en otros, con decisiones relacionadas con la seguridad nacional, una categoría a la que viene apelando el gobierno de Donald Trump para arrestar a migrantes legales.
“Los ciudadanos estadounidenses tienen derechos diferentes a los de quienes tienen tarjetas verdes y visas de estudiante. Por lo tanto, mi postura al respecto es que no se trata fundamentalmente de libertad de expresión. Para mí, sí, se trata de seguridad nacional, pero también, y más importante aún, de: ¿quiénes, como ciudadanos estadounidenses, decidimos que se unan a nuestra comunidad nacional? Y si el Secretario de Estado y el Presidente deciden: ‘Esta persona no debería estar en Estados Unidos y no tiene derecho legal a quedarse aquí’, es así de simple”, fueron las declaraciones del vicepresidente estadounidense JD Vance en una entrevista con Fox News.
Uno de los casos más sonado es el de Mahmoud Khalil, líder de las protestas propalestinas en la Universidad de Columbia, quien fue arrestado a principios de marzo por agentes de migración y trasladado a Luisiana, donde se intenta acelerar su deportación. Posee permiso de residencia permanente, la famosa tarjeta verde.
Su caso está siendo evaluado por tribunales federales.
La ofensiva del gobierno Trump contra los movimientos propalestinos en las universidades es objeto de una intensa pulseada judicial en Estados Unidos, pues el republicano quiere revocar su residencia permanente por su activismo en las protestas y amenaza con deportar a otros estudiantes que hayan participado en las manifestaciones.
Otro caso que causó revuelo en EE. UU. fue el de Rumeysa Ozturk, estudiante turca de doctorado en la Universidad de Tufts, detenida por publicar un artículo crítico con la guerra en Gaza. Fue arrestada por agentes encubiertos y su expulsión fue frenada por una jueza federal que consideró necesario revisar su expediente antes de cualquier medida definitiva.
El presidente estadounidense acusa a este movimiento estudiantil de antisemitismo, mientras que los detractores de Trump y defensores de las libertades fundamentales consideran que las detenciones buscan amordazar la libertad de expresión.
Desde entonces empezó una guerra judicial, hubo más detenciones y se le revocó el visado a otros estudiantes que participaron en las protestas para denunciar la guerra de Israel en Gaza. El Departamento de Estado ha revocado el visado de unos 300 estudiantes por las protestas, según su titular Marco Rubio.
“Rumeysa no ha sido acusada de cometer ningún delito (...). Parece que la única razón por la que se apunta a Rumeysa es por su derecho a la libertad de expresión”, dijo su defensora, Mahsa Khanbabai.
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Tras estas detenciones, muchos estudiantes dicen tener “miedo”.“Nada te protege”, relata una estudiante de origen latino con nacionalidad estadounidense que participó activamente en las protestas del año pasado para pedir un alto el fuego en Gaza y exigir a la Universidad de Columbia que dejara de invertir en intereses israelíes.
La institución ha aceptado cumplir las exigencias del gobierno, como permitir agentes de seguridad en el campus para detener a “agitadores”, la prohibición de andar con el rostro cubierto o la revisión de su grilla de estudios regionales, en particular los relacionados con Oriente Medio e Israel.
Asimismo, algunos residentes en Estados Unidos temen viajar al exterior, como Marina Sinden, una tatuadora de 37 años que posee la tarjeta verde.
La mujer dijo a CNN que la incertidumbre por la política migratoria de Trump le impide viajar de Washington a su país natal, Canadá. “Estoy realmente preocupada por volver a cruzar a Estados Unidos... Tengo todo un mundo que perder aquí si no me permiten volver a entrar”, expresó Sinden.
Otra de las razones más frecuentes por las que una persona con visa o residencia puede ser deportada es haber cometido ciertos tipos de delitos.
La ley migratoria estadounidense considera deportables a quienes cometan “delitos agravados” —como asesinato, narcotráfico o abuso sexual— y también a quienes sean condenados por delitos de “vileza moral”, como fraude, violencia doméstica o robo, especialmente si ocurren dentro de los primeros cinco años tras haber sido admitidos al país
Mentir en entrevistas migratorias, falsificar documentos o recurrir a matrimonios ficticios para obtener beneficios migratorios también puede desencadenar una orden de expulsión. Esto se aplica tanto para residentes como para titulares de visas temporales.
Si bien ser considerado “deportable” no implica una expulsión automática, sí inicia un proceso legal ante un tribunal de inmigración. La persona tiene derecho a presentar su defensa, pero si el juez emite una orden final de remoción, deberá abandonar el país o será deportado.
Actualmente, se estima que unas 12,8 millones personas poseen tarjetas verdes en Estados Unidos, según la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional estadounidense.
Con información de AFP*
