Millones de mujeres casadas y de personas transgénero en Estados Unidos podrían tener problemas para votar si se aprueba una ley impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que actualmente se debate en el Senado.
El proyecto de ley, ya aprobado en la Cámara de Representantes, exige que los electores prueben su ciudadanía estadounidense al inscribirse en el padrón electoral, con certificado de nacimiento o pasaporte, y que, al momento de votar, presenten un documento de identidad válido.
A diferencia de otros países, Estados Unidos no expide un documento nacional de identidad, por lo que se acepta un permiso de conducir o incluso una tarjeta de estudiante.
El texto de la SAVE America Act (Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad de los Electores Estadounidenses) estipula que las personas cuyo nombre no coincida en la documentación presentada deberán proporcionar documentos adicionales, como un certificado de matrimonio o una sentencia de divorcio, para justificar el cambio.
Pero según el Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, “más de 21 millones de estadounidenses no tienen acceso inmediato a estos documentos” y “casi la mitad de los estadounidenses no tienen pasaporte”.
Así, los electores más afectados si se aprueba la ley SAVE America serán “las mujeres, las personas transgénero” y las personas con bajos ingresos, “que no pueden pagar un pasaporte y no viajan”, afirma Rick Hasen, profesor de derecho electoral en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
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Cambio de nombre en Estados Unidos
Letitia Harmon, directora de investigación en Florida Rising, una organización que trabaja por la justicia social con sede en Florida, dijo a la AFP que estuvo casada y luego se divorció en el estado de Washington.
“El problema es que no sé qué nombre figura en el padrón electoral de Florida”, dijo a la AFP. “No sé si tienen mi apellido de soltera” o “el de casada”.
Harmon dijo que probablemente tendrá que solicitar su sentencia de divorcio, un trámite costoso y que lleva mucho tiempo.
La Casa Blanca argumenta que la ley SAVE America permitiría evitar el fraude electoral, aunque la legislación actual ya prohíbe que los extranjeros voten.
En cuanto a las mujeres casadas que cambiaron de nombre “simplemente tienen que seguir los procedimientos de su estado para actualizar la documentación”, dijo en marzo Karoline Leavitt, portavoz del Ejecutivo estadounidense.
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Brecha de género en Estados Unidos
Que millones de mujeres tengan dificultades para votar importa porque históricamente los hombres tienden a apoyar al Partido Republicano.
Según el Pew Research Center, en 2024, el 52% de los hombres inscritos en el padrón electoral se inclinaba por los republicanos, frente al 44% de las mujeres.
Hasen explicó que, en la última década y media, ha habido una tendencia en muchos estados de mayoría republicana a aprobar leyes que dificultan el voto, mientras que los de mayoría demócrata adoptaron iniciativas que lo facilitan.
De hecho, 12 estados de mayoría republicana exigen a los electores que prueben su ciudadanía para poder inscribirse en el padrón electoral.
En 2014, Harmon vivía en el estado de Kansas y no pudo votar en unas elecciones primarias porque no tenía su certificado de nacimiento como lo exigía la legislación estatal. Cuatro años más tarde, un juez federal declaró inconstitucional esa ley después de que más de 30.000 personas no pudieran inscribirse en el padrón de ese estado.
A principios de abril, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, promulgó su propia versión de la ley SAVE America, que entrará en vigor en enero de 2027, después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
Harmon consideró absurdo privar de sus derechos electorales a miles de personas solo por un par de casos de fraude.
En 2025, dos personas fueron procesadas en Florida por haber mentido sobre su nacionalidad para votar en unas elecciones. Pero casos así son extremadamente raros.
Una investigación del Washington Post reveló 31 “incidentes creíbles” de suplantación de identidad en elecciones entre más de mil millones de papeletas de votación emitidas de 2010 a 2014.
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