Reporteros sin Fronteras (RSF) trabaja para proteger un principio: cada persona debe poder acceder a información sin restricciones.
Esta garantía constituye un pilar que permite a las personas informarse, analizar la realidad, formar criterios y tomar decisiones, tanto a nivel personal como social.
Esa labor se sustenta en los valores del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en las normativas y códigos que rigen el oficio del periodismo: el acceso a información libre y fiable a las personas.
Pero el jueves 14 de agosto, el ministerio ruso de Justicia declaró “indeseable” en Rusia a la ONG de defensa de la prensa Reporteros Sin Fronteras (RSF) -lo que equivale de facto a su prohibición-, en plena represión de toda disidencia en el país.
Según una lista oficial publicada en el sitio internet de este ministerio y consultada el jueves por AFP, RSF pasa ahora a formar parte de las organizaciones “extranjeras cuyas actividades se consideran indeseables” en territorio ruso.
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En Rusia declarar una organización como “indeseable” equivale, en la práctica, a prohibir sus actividades, ya que expone a las personas que trabajan para ella o la financian a graves procesos judiciales, incluidas penas de prisión.
La medida se suma a una lista en expansión de entidades y medios vetados en el país. Moscú implementó por primera vez esta política en 2015 y, según datos oficiales, más de 250 organizaciones han sido incluidas, entre ellas Amnistía Internacional y Greenpeace.
Represión a medios y organizaciones desde 2022
Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022, el Gobierno intensificó las medidas contra la disidencia. Las autoridades han prohibido numerosos medios de comunicación, cerrado espacios de debate y encarcelado a cientos de personas por expresar opiniones críticas.
Las acciones legales incluyen la aplicación de leyes sobre “agentes extranjeros” y “organizaciones indeseables” que restringen la financiación y el trabajo de ONG, medios y colectivos independientes. En muchos casos, estas disposiciones han derivado en el cierre de oficinas, la interrupción de proyectos y la detención de activistas.
RSF ha documentado y denunciado estos hechos en informes internacionales, señalando que la mayoría de medios independientes han sido bloqueados, expulsados del país o forzados a cesar operaciones. También ha prestado asistencia legal y de seguridad a periodistas rusos que han salido al exilio.
La categoría de “indeseable” se aplica a entidades extranjeras cuyos objetivos o actividades se consideran contrarios a la seguridad del Estado o a los intereses nacionales. Esta designación impide la cooperación con entidades locales, el acceso a financiamiento y la realización de actividades dentro del país.
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