Al exalcalde Daniel Quintero, nueve exfuncionarios de su administración y tres particulares que están acusados de presuntas irregularidades que le habrían ocasionado detrimento patrimonial a Medellín les llegó la hora de la verdad con la radicación del escrito de acusación en su contra por parte de la Fiscalía.
Al conocer la noticia, Quintero expresó beneplácito en su cuenta de X (antes Twitter) al indicar: “Se acabó la etapa de imputación en Aguas Vivas. Llegó la hora de mostrar las pruebas. Les voy a tumbar el montaje judicial que me hicieron para sacarme de la presidencia”.
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No obstante, para el exmandatario y sus alfiles implicados en este caso será todo un reto desmontar casi 4.000 pruebas con las que la fiscal 133 de la Unidad Anticorrupción pedirá la condena de estas 13 personas por los presuntos delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en celebración de contratos.
“Nuevamente, con sus mentiras, lo que busca Quintero es generar distractores; las pruebas son contundentes y confiamos en la Justicia. Finalmente quien está siendo llamado a la justicia es el”, dijo por su parte el secretario general de la Alcaldía, Sebastián Gómez.
Aguas Vivas es un megaterreno de 147.000 metros cuadrados ubicado entre el sector de El Poblado y Las Palmas, en el oriente de la capital antioqueña.
En diciembre de 2019 este fue traspasado sin costo a la Alcaldía con el fin de cumplir con obligaciones urbanísticas -este es un compromiso de los urbanistas de generar espacio público por cada proyecto que emprenden- pero luego, en la administración Quintero, intentaron que del erario pagaran más de $40.500 millones a las firmas IDC, Técnicas Constructivas y al particular Juan Manuel Villegas; posteriormente la Alcaldía devolvió el predio a sabiendas de que ya era un bien fiscal.
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Debido a esta jugada, la Fiscalía acusó de interés indebido a Ingrid Vanessa González, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Marcela Pedroza, exsubsecretaria legal de Movilidad; Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, y Leidy Jiménez, exsubsecretaria de Proveedores.
También, los particulares Juan Diego de Jesús Moreno y José Fernando Rueda, representantes de las firmas IDC y Técnicas Constructivas, lo mismo que Villegas, tienen cargos como presuntos coautores intervinientes en peculado, pues se habrían beneficiado de la transacción.
Ahí no paró todo, en una segunda parte de la jugada, Quintero y su secretario General, Fabio Andrés García, firmaron un decreto en mayo de 2023 que valorizaba ese predio porque le quitaba restricciones para la construcción en altura y le permitía mayor densidad de ocupación; a ellos les formularon cargos por presunto prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros.
En el acervo probatorio que implicarían a los antes mencionados se destacan más de 3.930 pruebas documentales, incluyendo correos, informes periciales, inspecciones judiciales, evidencias fotográficas y planos, entre otros elementos. Ahí están por ejemplo los informes técnicos donde los profesionales de carrera dieron varios conceptos técnicos rechazando el camino de la conciliación con los dueños de Aguas Vivas para pagarles un terreno que ya estaba a nombre del Distrito.
Fuera de eso, son 48 testimonios de funcionarios y otras personas a las que llamarán a declarar, donde se pondría de relieve cómo se fraguó todo el entramado en el que se habrían mezclado intereses económicos e influencias políticas.
No hay que olvidar que uno de los dueños de IDC, que a su vez figuraba como firma copropietaria de Aguas Vivas, fue Felipe Agudelo, gran amigo y aliado del exgobernador Luis Pérez. También hay relatos según los cuales Agudelo merodeó por La Alpujarra para patinar una decisión a favor de los particulares y testimonios que indican que cuando estaban diseñando el proyecto para construir la sede principal del llamado Valle del Software, las reuniones se hicieron en Aguas Vivas y Pérez habría actuado como anfitrión, como si fuera él el real dueño del terreno.
Además, contra Quintero y su exsecretario García está el propio decreto 412 de mayo de 2023, en el cual parece evidente la extralimitación al sacar una norma que, según la Fiscalía, violaría el Plan de Ordenamiento Territorial vigente y dejaría trazas de que fue ideada a la medida de intereses específicos que se contrapondrían con el interés de la ciudadanía.
Si la fiscal no hubiera estado segura de tener un caso sólido pudo pedir el archivo o la preclusión del proceso, pero no fue así. Además, tal cantidad de material hace pensar en que el reto de desmontar la argumentación en contra va a ser mayúsculo para los abogados de los acusados. Ello significa además un desafío para el juez que asuma el caso, considerando que la defensa también pedirá pruebas que considere favorezcan a sus representados.
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Ahora, tras la presentación del escrito de acusación que se conoció ayer martes 16 de septiembre, en un tiempo aceptable, pues el límite iba hasta diciembre, falta que el juez defina una fecha para la audiencia de acusación, en la cual se leerá este texto, dando lugar de manera formal a la etapa de juicio. La citación podría ocurrir en el transcurso de esta semana o la siguiente para realizar la diligencia en aproximadamente uno o dos meses.
La Alcaldía de Medellín, que fue aceptada como víctima, pediría que al juzgado no se le cargue con expedientes nuevos y que tenga dedicación especial, tal como ocurrió en el caso del expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno de testigos.
Después de la cita anterior, se debe programar una audiencia preparatoria, donde la defensa contraataca con sus pruebas y podría pedir la nulidad del proceso alegando violaciones a los derechos de los acusados o fallas procesales, algo que se ve venir por las intervenciones de algunos de los abogados en la audiencia de imputación.
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El paso siguiente es el juicio oral donde se hace el careo de las pruebas y a partir de ahí el juez dicta sentencia en primera instancia. Independiente de que el fallo sea absolutorio o condenatorio contra los funcionarios, es de esperarse que los perdedores apelen ante el Tribunal Superior de Medellín y no se descarta una posible casación, como último recurso, ante la Corte Suprema de Justicia.
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