El secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín Carlos Arcila denunció en la noche de este martes 17 de junio que la Unidad Nacional de Protección (UNP) dio la orden de desmontarle el esquema de protección, decisión que calificó como un acto de irresponsabilidad y de persecución política.
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El funcionario, quien es reconocido en la ciudad por su larga trayectoria como defensor de derechos humanos, se mostró indignado con esa decisión de la entidad nacional y dijo que se trata de una situación preocupante que está ocurriendo en todo el país con líderes sociales, defensores de derechos, líderes políticos, muchos de ellos opositores o que buscan participar en las contiendas electorales próximas, como es el caso del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.
“La UNP se viene desdibujando, se volvió una herramienta politiquera, de persecución contra los líderes y defensores de derechos humanos, contra la oposición y líderes, y candidatos que van a ir en las próximas contiendas electorales. A nombre de los defensores y todos aquellos que nos encontramos en riesgo y peligro, hago responsable a Petro por su irresponsabilidad, ya que tanto que prometió garantizar la vida hoy al contrario pone en riesgo la vida”, sostuvo el secretario, quien también dijo que cualquier hecho que atente contra su integridad o vida sería responsabilidad del director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros.
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El funcionario hizo énfasis en que esta situación se trataría de persecución en contra también de los servidores públicos que trabajan en la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, y recordó que al alcalde Federico Gutiérrez también le desmontaron gran parte de su esquema de protección desde la UNP.
“Hago responsable al señor presidente Petro por la situación que representa de riesgo contra mi vida, él sería el único responsable, hoy (el martes) el esquema será desmontado por orden de la UNP, hemos hecho todos los recursos necesarios, pero es un mal mensaje contra la seguridad de los líderes, defensores y los funcionarios que hoy estamos en la alcaldía y la gobernación porque vemos una demostración de persecución política”, agregó Arcila.
El ahora funcionario dijo que alerta sobre el riesgo que corre porque durante muchos años, incluso en escenarios ajenos a la política, ha hecho constantes denuncias públicas sobre la presencia y actividades de distintos grupos armados ilegales de la ciudad, y aseguró que integrantes de esas estructuras le han hecho amenazas sistemáticas por ejercer su labor como defensor de derechos humanos.
“Manifiesto mi preocupación por la posibilidad de que mi esquema de protección sea afectado como consecuencia de motivos políticos y no por un análisis técnico de riesgo”, señaló, haciendo referencia a que como servidor público ha hecho críticas a temas como la Paz Total del gobierno nacional.
Arcila es abogado y cuenta con más de 30 años de defensa de los derechos humanos, en especial con las víctimas del conflicto armado. En la primera administración de Gutiérrez fue subsecretario de Derechos Humanos en la Alcaldía de Medellín y en la actual se posesionó como secretario. También ha sido presidente de la Corporación Humanitaria Justicia al Derecho y Secretario Internacional de Human Rights International. Además, ha trabajado en el Ministerio del Interior y ha sido miembro de Redepaz durante 20 años.
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