Se va a cumplir un mes desde que una sentencia ordenara incluir nuevamente a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en las labores para encontrar cuerpos de desaparecidos en La Escombrera, todavía siguen sin poder reiniciar operaciones en el polígono, lo que mantiene a las familias buscadoras en vilo.
Este jueves 18 de septiembre, con presencia de 60 mujeres buscadoras representantes de todas las organizaciones que han dado batalla durante décadas para encontrar a sus seres queridos, la directora de la Unidad, Luz Yaneth Forero, adelantó una visita técnica en la zona para inspeccionar qué ha pasado en La Escombrera en los seis meses que estuvieron al margen de la búsqueda.
Forero señaló que la sentencia que revocó la medida que determinó la exclusión de la UBPD de dicho proceso de búsqueda es un logro para las familias víctimas y para todo un extenso trabajo de años, de investigaciones y acciones de campo, que hicieron posible la recuperación primero de cuatro restos y, posteriormente ya mientras la Unidad estuvo por fuera, de otros dos restos.
La medida a la que hizo mención Forero, de manera diplomática y sin mencionar nombres, se refiere a la que tomó el magistrado Gustavo Salazar, de supeditar el ingreso a la Escombrera de cualquier entidad, organización no gubernamental o personas naturales a la aprobación previa de su despacho.
Fue el punto final de una ruptura entre un despacho de la JEP y la UBPD respecto a las labores en La Escombrera que fue cocinándose de manera silenciosa, sin conocimiento de la opinión pública.
El asunto escaló al punto de que a los técnicos de la UBPD acompañados de las mujeres buscadoras les negaron el ingreso al polígono de intervención para continuar con labores arqueológicas y de recuperación.
Ante ese panorama, la abogada María Victoria Fallon, del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH), entabló una tutela para tumbar la decisión del despacho del magistrado relator, la cual fue acogida por la Sala de Apelaciones el 21 de agosto pasado.
Esa fue la respuesta a la apelación que hizo Luz Enith Franco Noreña, esposa de Arles Edison Guzmán Medina, víctima de desaparición forzada en la comuna 13, cuyo caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2021 gracias al trabajo de la GIDH.
La Sala de Apelaciones ordenó al despacho del magistrado de la JEP que lidera la medida cautelar en La Escombrera que de manera inmediata debía permitir el ingreso nuevamente a la Unidad de Búsqueda y, además, remitirle sin dilación el Plan de Intervención Forense Fase VI para que la entidad presente observaciones y entregue una propuesta de articulación con la JEP en las labores de búsqueda, recuperación e identificación de estructuras óseas en La Escombrera. También le ordenó convocar de manera inmediata a la UBPD a una mesa técnica para coordinar su participación de nuevo en este proceso.
La abogada Fallon, más directa que la directora de la Unidad, señaló que el despacho del magistrado Salazar no está cumpliendo con la sentencia y que puede hablarse de desacato. Recalcó que la sentencia era de cumplimiento inmediato y que ante esa postura se continúan violando los derechos fundamentales de las familias de las víctimas al limitar su derecho a la búsqueda autónoma y al debido proceso.
Por eso anunció que le pidieron a la Sección de Revisión que requiera a Salazar para que cumpla con las órdenes.
En síntesis, según explicó Andrés García Ospina, jefe jurídico de la UBPD, el despacho del magistrado tiene pendiente por cumplir tres órdenes principales: entregarles inmediatamente el plan de la Fase VI, para conocerlo y saber cómo intervendrán el polígono en búsqueda de más restos en ese universo de cerca de 500 personas desaparecidas que se presumen fueron inhumadas en La Escombrera.
La segunda orden por cumplir es convocar a la UBPD a la mesa técnica para coordinar las actividades forenses y, finalmente, modular los autos a través de los cuales se materializó la restricción de acceso a la Unidad de Búsqueda a la zona.
Cabe recordar que el pasado mes de agosto se prorrogó por 12 meses más la medida cautelar en La Escombrera, con el fin de que se mantengan las labores forenses con ampliación de un polígono nuevo de intervención. Y es que, más allá de ese insólito desencuentro entre la JEP y la UBPD (que en otras zonas del país trabajan exitosamente en llave), el hallazgo de los seis restos renovó las esperanzas de las familias de encontrar a sus seres queridos después de años de luchar contra la injusticia y el negacionismo.
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