Mientras crece la preocupación por el retroceso de algunos gobiernos nacionales en sus compromisos ambientales, una red de territorios forestales sigue avanzando desde abajo hacia arriba.
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Se trata del Governors’ Climate and Forests Task Force (GCF Task Force), una alianza que reúne a más de 40 estados y provincias de 11 países, y que busca frenar la deforestación, promover una nueva economía forestal y garantizar el protagonismo de los gobiernos subnacionales en la acción climática.
En su reunión anual, celebrada esta semana en Acre, Brasil, se discutieron nuevas alianzas para financiar la conservación, ampliar la bioeconomía y fortalecer la participación de comunidades indígenas y rurales.
En EL COLOMBIANO hablamos con Coleen Scanlan Lyons, directora del GCF y académica de la Universidad de Colorado que ha estado vinculada desde sus inicios al diseño de esta red, sobre los avances y desafíos que dejó la cumbre, y sobre por qué los territorios están llamados a liderar la transición ecológica global.
¿Cuál es el papel que están asumiendo hoy los gobiernos subnacionales en la lucha contra la crisis climática global, especialmente en un contexto donde muchos gobiernos nacionales han retrocedido en sus compromisos?
“El primer papel es el liderazgo. Los gobernadores que hacen parte del GCF entienden que necesitamos conservar los bosques no solo por el carbono, sino por su papel en los servicios ecosistémicos: el agua, la agricultura, la resiliencia climática. Saben que sin bosques no hay agua, y sin agua no hay agricultura. También están comprometidos con construir lo que llamamos una nueva economía forestal, que es el eje temático de esta reunión. Esa economía debe responder a las realidades de los territorios: promover la bioeconomía, valorar la infraestructura natural y avanzar hacia una agricultura sostenible, especialmente en zonas de frontera agrícola. Algunos gobiernos, por ejemplo, están explorando cómo desarrollar palma de manera ecológicamente responsable. Además, hay una apuesta por la restauración y por aumentar la resiliencia ante el cambio climático. Todo esto requiere una coordinación entre los niveles subnacional y nacional, porque uno solo no basta. En Brasil, por ejemplo, estamos viendo a los secretarios ambientales dialogando directamente con el Ministerio para alinear estrategias de bioeconomía”.
¿Qué balance hace de la reunión anual del GCF Task Force que está a punto de terminar en Acre y qué acuerdos destacaría como los más relevantes de esta edición?
“Este año logramos acuerdos tanto regionales como transversales a toda la red del GCF. Uno de los más importantes es el compromiso de integrar a los gobiernos subnacionales en la construcción de mecanismos para el pago por servicios ambientales, y de lograr un mayor alineamiento entre políticas nacionales y territoriales. Otro acuerdo clave es la promoción de asociaciones para el desarrollo de la bioeconomía. Este compromiso es multiactor: participan gobiernos subnacionales, niveles nacionales, inversionistas, sociedad civil, academia y pueblos indígenas. Todos se suman con propuestas concretas para impulsar esta nueva economía forestal desde los territorios”.
El Plan de Acción de Manaus, lanzado en 2022 por los estados miembros del GCF Task Force, trazó una hoja de ruta ambiciosa para reducir la deforestación en al menos un 80 % hacia 2030, a través de principios como gobernanza, inclusión, financiamiento climático y desarrollo sostenible. ¿Por qué es importante consolidar este tipo de planes y qué riesgos enfrenta su implementación en regiones como la Amazonia?
“Los planes como el de Manaus son fundamentales porque orientan a los gobiernos. Con 45 estados y provincias dentro del GCF, necesitamos una hoja de ruta común. Pero no basta con el papel: lo urgente es implementar. Sin implementación, el plan no transforma la vida de las personas ni protege los bosques. En la Amazonia enfrentamos riesgos importantes: distancias enormes, debilidades en infraestructura, falta de titulación de tierras, acceso limitado al crédito. Son cuellos de botella que hay que abordar juntos, aprendiendo entre pares para no repetir errores y avanzar más rápido”.
¿Qué ejemplos concretos de liderazgo territorial destacaría hoy en América Latina?
“En Caquetá, el gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar, que será el próximo presidente del GCF, está liderando procesos muy importantes para el desarrollo de la socio-bioeconomía. Está promoviendo planes territoriales alineados con la visión nacional de desarrollo sostenible, y participando activamente en el diálogo con otros gobiernos. En Brasil, Mato Grosso es un ejemplo interesante en intensificación de agricultura sostenible, y también en monitoreo y control de incendios, un problema crítico en toda la Amazonía. De igual forma, el estado de Acre ha sido un referente global en redes jurisdiccionales, con una participación plena y efectiva de las comunidades y con sistemas durables que dependen de esa colaboración entre gobierno e indígenas”.
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¿Cómo se están incluyendo las voces de las comunidades indígenas, campesinas y rurales en los procesos del GCF Task Force?
“Desde 2014, con la Declaración de Río Branco, se estableció que los pueblos indígenas deben ser parte activa de esta red. Hoy tenemos un comité global compuesto por representantes de pueblos indígenas, comunidades locales y gobiernos. Este modelo se replica a nivel regional. Por ejemplo, en Perú trabajamos con las tres principales organizaciones indígenas, y en Brasil estamos construyendo relaciones estado por estado. Con los nuevos miembros observadores en Colombia, estamos explorando la creación de un comité regional. Sin estas voces, no podríamos cumplir nuestros objetivos de conservación ni de desarrollo sostenible”.
¿Qué tipos de financiamiento están comenzando a llegar a los territorios y cómo se garantiza que esos recursos se usen de forma justa y participativa?
“Trabajamos con aliados como la Climate and Land Use Alliance para fortalecer los procesos participativos y asegurar la distribución equitativa de beneficios. Un ejemplo es el programa REDD+ en Acre, financiado por KfW, que lleva años apoyando a las comunidades indígenas a través de agentes agroforestales. Ese apoyo se gestiona mediante un sistema estadual (el CISA), donde gobierno e indígenas deciden juntos cómo distribuir los recursos. Además, seguimos convocando nuevos socios para ampliar el financiamiento, porque estas comunidades están en la primera línea de la conservación y deben ser reconocidas y retribuidas por ello”.
