Agro

Productores bananeros rechazan intención europea de pagar menos por la fruta

Según Augura, entre enero y octubre de este año Colombia exportó bananos por US$755,4 millones. FOTO Julio Herrera

21 de diciembre de 2023

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Producir una caja de banano en una finca colombiana está alrededor de 7,10 euros.

Empresarios bananeros de América Latina expresaron su preocupación por el hecho de que los supermercados europeos estarían solicitando una reducción de 1,30 euros (US$1,43) sobre el precio de la caja de banano.

Actualmente, producir una caja de banano en una finca colombiana está alrededor de US$7,8, lo que equivale a unos 7,10 euros, por lo que el impacto de la pretendida merma europea sería de 0,52 euros por caja para los cultivadores nacionales.

Los clústeres bananeros de Ecuador y Perú junto a productores de Colombia, República Dominicana, Guatemala, Honduras y Costa Rica recibieron con sorpresa la noticia de que los supermercados del viejo continente, una vez más buscan reducir el precio de compra del banano, por lo que instaron a que “la responsabilidad compartida no sea solamente una iniciativa que se mantiene en discusión, sino que se adopten medidas eficaces para responder de acuerdo con su rol dentro de la cadena de suministro pagando un precio justo por la caja de banano”.

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Igualmente, recordaron que desde el año 2020, los productores y exportadores de banano latinoamericanos han experimentado importantes problemas como el incremento dramático de costos de insumos, tales como cartón, fletes, fertilizantes, que, en la actualidad, inclusive, no alcanzan niveles prepandemia.

“La región ha experimentado la grave amenaza de la presencia del FOC R4T (fusarium raza 4) en Colombia, Perú y Venezuela; imponiendo la necesidad de asumir mayores inversiones en los países con presencia de la plaga para prevenir su diseminación y en los países aún sin presencia de la enfermedad para prevenir su ingreso”, se lee en un comunicado de los bananeros.

Además, destacaron el incremento de la inseguridad en la región ocasionado por la contaminación de carga y actos delictivos en las zonas productivas, que es producto del crecimiento de la demanda de sustancias ilícitas y la ausencia de políticas generales de salud pública en la Unión Europea, por ejemplo, para abordar este problema de escala transnacional, lo que ha devenido en una inversión mayor para la región para garantizar la seguridad en la cadena de suministro.

Los bananeros añadieron que han debido adecuar las prácticas de producción a los estándares de certificación requeridos por los supermercados, así como a las políticas basadas en premisas antitécnicas impulsadas por la Unión Europea en el marco del pacto verde y la estrategia de la granja a la mesa, que no consideran las necesidades de producción de las diferentes regiones ni los principios sólidos de manejo de riesgos ocasionando así el retiro de importantes moléculas de protección de cultivos, lo que también ha generado mayores costos y un incremento de merma o rechazo de fruta por consideraciones estéticas por parte de supermercados y compradores produciendo así un penoso incremento de desperdicio de alimento humano.

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“Lamentablemente, ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022, los supermercados reconocieron estas realidades, sino que decidieron reducir más los precios del banano. Estas decisiones, incoherentes con el objetivo de un comercio sostenible, nos han llamado, en representación de los productores y exportadores de la región afectados por estas prácticas insostenibles, a requerir incansablemente que los supermercados asuman su rol dentro de la responsabilidad compartida materializada en el pago de un precio justo por la caja de banano que responda a los costos de producción y a los requerimientos de sostenibilidad”, enfatizaron los bananeros latinoamericanos.

Para los empresarios del banano, el accionar de los supermercados europeos no debe concentrarse en distraer la discusión hacia terceras organizaciones y entidades que no se enfocan en el verdadero problema que es la ausencia de un precio justo y no consideran las particularidades y esfuerzos de cada país como por ejemplo Colombia, que posee mecanismos de diálogo entre productores y trabajadores para establecer un salario digno, o Ecuador, que posee un salario digno establecido mediante la Constitución y la ley.

“Reiteramos que el pago de un precio justo es indispensable para alcanzar y mantener producciones sostenibles. Si los supermercados continúan evadiendo su rol dentro de la cadena de suministro en el marco de la responsabilidad compartida, continuarán demostrando la incongruencia entre las prácticas sostenibles requeridas a los productores y las prácticas comerciales de los supermercados que buscan cada vez más obtener precios más bajos sin importar su efecto sobre la agricultura sostenible, convirtiendo así a la sostenibilidad en una mera declaración vacía”, concluyeron los productores.