La discusión entre entre el Congreso y el Gobierno está cada vez más tensa. Aquí los detalles.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) pidió al Gobierno Nacional y al Congreso de la República realizar un ajuste sustancial al Presupuesto General de la Nación 2026, que actualmente se discute en el legislativo. Según la entidad, el monto planteado por el Ministerio de Hacienda, que asciende a $557 billones, resulta insostenible y pone en riesgo la estabilidad fiscal y macroeconómica del país.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, advirtió que aprobar un presupuesto por encima de las capacidades reales de la economía implicaría recurrir a mayores impuestos, lo que generaría presiones inflacionarias, pérdida de competitividad y afectaciones en el empleo.
“No podemos aumentar nuestro endeudamiento, tampoco cargar a los hogares colombianos y a las futuras generaciones, precisamente en un momento en que apenas nos estamos recuperando”, señaló el dirigente gremial.
La Andi planteó la necesidad de un recorte cercano a los $45 billones, con el fin de alinear el gasto público a los ingresos efectivos que puede generar la economía colombiana. El gremio insistió en que el Congreso tiene una responsabilidad histórica al definir un presupuesto que no comprometa el futuro del país y recordó que, tras recurrir a la cláusula de escape de la regla fiscal, Colombia asumió el compromiso de retornar a una senda de ajuste en un plazo máximo de tres años.
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En este contexto, la organización llamó a revisar las prioridades de gasto y a garantizar que las decisiones de política fiscal no envíen señales equivocadas a los mercados internacionales, lo que podría afectar la confianza inversionista y el acceso a financiamiento.
Por otro lado, el ambiente para discutir el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026 no es nada favorable. Eso porque se han presentando tropiezos en el Congreso.
La más reciente la dio a conocer la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, ya que hubo una cancelación de, sin justificación oficial, de la sesión de las Comisiones Económicas Conjuntas programada para el miércoles 10 de septiembre. La decisión sorprendió a los legisladores y encendió nuevas tensiones en un proceso que ya venía marcado por la controversia.
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En el Capitolio se esperaba que durante la reunión se avanzara hacia la radicación de la ponencia, un paso clave para iniciar los debates formales.
No obstante, ese retraso dejó en suspenso el cronograma y acrecentó la incertidumbre sobre el monto final del presupuesto, tema que ha generado fricciones entre el Gobierno y el Legislativo.
El malestar político se intensificó desde el martes 9 de septiembre, cuando también se canceló un encuentro en la Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro y los integrantes de las Comisiones Económicas.
La cita había sido convocada inicialmente para las 6:00 p. m. y luego reagendada a las 9:00 p. m., pero la demora fue percibida como una falta de consideración por parte de varios congresistas, quienes optaron por no asistir al argumentar que la reunión era muy tarde y el presidente Gustavo Petro siempre “llegaba tarde a sus citas”.
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