El manejo fiscal en el Gobierno Petro ha sido de constante análisis. Recientemente, el propio ministro de Hacienda, Germán Ávila, salió a calmar la marea sobre el condicionamiento de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI). Aseguró que no se trata de una suspensión, sino de una revisión que está haciendo el organismo, pero, ¿qué tan cierto es eso?
Y es que el documento del FMI fue claro en que las finanzas estatales no están bien. La entidad internacional argumentó que su decisión obedece a un hueco en ingresos tributarios más grande de lo esperado; mientras que los gastos primarios del Estado superaron los previstos. En otras palabras, el Gobierno se gastó mucho más de lo que debía.
“Las restricciones de liquidez contribuyeron a una acumulación de grandes atrasos presupuestarios (2,8 % del PIB) que están en proceso de liquidarse este año, compitiendo con los recursos presupuestarios de 2025”, se lee en el comunicado del FMI.
¿Condicionamiento o suspensión?
En entrevista con la W Radio, el ministro Ávila sostuvo que se trata de una línea de crédito preventiva y que solo se utiliza en circunstancias excepcionales y de emergencia.
De hecho, según el Ministerio de Hacienda, la última vez que se utilizó fue en la pandemia. En ese entonces el país gozó de un préstamo de 5.400 millones de dólares. Ese crédito se terminaría de saldar en diciembre de este año. El saldo actual es de 1.800 millones de dólares.
Y desestimó que se trate de una suspensión. Contó que el FMI anunció el año pasado una revisión anual de las condiciones del país para mantener esa línea.
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Es decir, que se trata más de una evaluación que adelanta dicho organismo. Esa revisión terminaría en junio de 2025, cuando el MinHacienda presente el Marco Fiscal de Mediano Plazo. En ese documento se conocerá la sostenibilidad de las finanzas públicas, puesto que incluye la estrategia fiscal del país en los próximos años.
Y añadió a su argumento que esta administración no contempla utilizar esa línea, es decir, que no está dentro de su plan de endeudamiento.
José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, explicó que el FMI siempre realiza revisiones rutinarias sobre dicha línea de préstamo. Lo diferente obedece a que el acceso ahora “está contingente a la aprobación del artículo IV, que saldrá cuando el Gobierno presente su plan de ajuste y cuente con unas cifras creíbles para el Fondo Monetario”.
Con eso de fondo, para el analista sí hay una suspensión, pues en últimas el Gobierno no puede actualmente disponer de esa línea. Añadió que no quiere decir que esa opción se cerró totalmente, pero su continuidad está condicionada de manera temporal.
¿Un recorte por debajo de los $40 billones?
En esa emisora, Ávila reconoció que el Ejecutivo está considerando hacer un ajuste en las políticas de gasto. Ese plan incluiría: recorte presupuestal en algunas áreas, estructurar algunas estrategias para mejorar los ingresos tributarios y manejos de endeudamiento.
No obstante, no reveló una cifra en específico sobre el ‘tijeretazo’, aun así, señaló que ese monto estaría por debajo de los $40 billones, que sugieren algunos análisis de centros de pensamiento económico. Argumentó que han visto una mejora en los ingresos tributarios que permitiría tener un mayor margen de maniobra.
Para el presidente de Anif, la cifra de recorte tiene que estar en función del comportamiento en el recaudo, que se ha venido recuperando pero todavía estaría lejos de las cifras oficiales.
Según la proyección del Comité Autónomo de la Regla Fiscal —Carf—, la Dian no cumplió con la meta. Según cálculos de esta entidad, el recaudo para el tercer mes debería acumular $72,2 billones, por lo que estaría alrededor de 0,1 billones por debajo.
La lectura de Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, cree que el recorte debe moverse entre 30 billones y 40 billones de pesos. La cuestión es que se necesita un ajuste en el gasto importante, “pero se ve poca disposición del Gobierno para llevarlo a cabo”.
¿El déficit fiscal obedece al gobierno anterior?
Por último, el jefe de Hacienda alegó que la brecha fiscal responde a deudas que dejó pendiente el pasado gobierno y no a comportamientos del gasto de esta administración.
Su premisa se soporta en que el anterior mandato de Iván Duque mantuvo el precio de la gasolina estable. Eso abrió un hueco en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles y esta administración tuvo que pagar 36 billones de pesos.
Añadió que los costos de la pandemia los asumió este Gobierno. Un desembolso, que de acuerdo con Ávila, se mueve en alrededor de $20 billones.
Para José Ignacio López, es cierto que el Gobierno de turno heredó una situación fiscal con retos “muy grandes” por la pandemia y los combustibles.
Sin embargo, precisó que no solo esas dos razones explican la actual crisis. “Lo que estamos viendo es una fragilidad en las finanzas públicas y un plan de gasto que no es consistente con la realidad fiscal”, anotó.
Por otro lado, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la EIA, calificó que el señalamiento de Ávila es “extemporáneo” porque ya casi se cumplen tres años de este Gobierno y los efectos de ese endeudamiento se debieron manifestar en el primero o segundo año de mandato.
Ahora, señaló que la coyuntura obedece más a otros factores como el aumento en el gasto de burocracia. En sus cuentas el Ejecutivo aumentó ese gasto 10 veces frente al promedio entre 2016 y 2022. “Ahí es donde está la fuente del descuadre”, sentenció.
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